La Eurocámara alega que Puigdemont ocupó su escaño “posiblemente de manera ilegal”

El Parlamento Europeo aseguró ayer ante el Tribunal General de la UE que el expresident Carles Puigdemont, así como Clara Ponsatí y Toni Comín, accedieron a su escaño “probablemente de forma ilegal” porque lo hicieron sin que España les proclamara eurodiputados. Así lo aseguró el abogado del Parlamento, Norbert Lorenz, en la vista sobre la inmunidad parlamentaria del expresident, en la que su abogado, Gonzalo Boye, pidió la anulación del suplicatorio porque supone “persecución política”. El recurso que Puigdemont interpuso contra la Eurocámara por levantarle la inmunidad quedó visto para sentencia tras una sesión de más de cinco horas en la que Lorenz, defendió que la institución trató al expresident de forma “extremadamente abierta y correcta”.

Hasta tal punto, dijo, que “en enero de 2020, se le permitió tomar su escaño pese a que la Eurocámara “nunca ha recibido notificación” de que Puigdemont y los otros eurodiputados de Junts, Comín y Ponsatí, pudieran ser parlamentarios. Los tres accedieron a sus sillones con el permiso del expresidente de la Eurocámara David Sassoli, después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, dijese que la condición de eurodiputado se adquiere directamente tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas.El abogado de Puigdemont, en cambio, pidió la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de “persecución política”. Prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno español que tramita ya el Congreso.

“¿Cuántos casos conocen sus señorías del cambio del Código Penal en un Estado miembro para obtener una extradición? Yo solo conozco este”, afirmó Boye. El letrado defendió también la anulación argumentando que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó la petición del Supremo, el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez, no fue imparcial, ya que forma parte de un partido que “ha mostrado hostilidad” hacia los líderes independentistas. Tampoco lo fue, según Boye, el ponente del informe que recomendó el levantamiento de la inmunidad, Angel Dzhambazki, ya que en 2018 participó en un evento en el que se pidió “prisión” para Puigdemont.

Ante esto, el Tribunal negó que pueda haber parcialidad de los ponentes, puesto que el levantamiento de la inmunidad no es “una decisión política”.Por su parte, la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, negó que exista persecución política porque el sistema jurídico español es “garantista”. Según dijo, el Supremo emitió las euroórdenes para “posibilitar” su “presencia en el proceso penal” por unos hechos “muy anteriores” a las elecciones europeas.La sentencia que marcará el futuro de los tres eurodiputados, que mantienen su inmunidad de forma cautelar, se espera para el mes de marzo

Puigdemont carga contra la eliminación de la sedición alegando que se usará para extraditarlo a España

Critica “una reforma hecha a medida de los independentistas” y se manifestará hoy contra ella

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el leridano Josep Borrell, se pronunció ayer sobre la derogación del delito de sedición asegurando que “se le cambia el nombre, pero la esencia no desaparece”, y subrayó que lo que se hace es organizar mejor la separación de delitos contra el orden constitucional y contra el orden público. “Se deja claro las actuaciones que tienen una razón de ser política y las que tienen una alteración del orden público”, que pueden tener más motivaciones más allá de la política, aseveró en una entrevista en La 2.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, defendió que la reforma del Código Penal, que ha empezado su andadura en el Congreso, es un “compromiso del Gobierno central desde el año 2018”, y que tiene como objetivo “lograr la convivencia y la paz en Catalunya”. La titular de Justicia explicó que con la remodelación “no se tocan los delitos contra la Constitución, no se toca el delito de rebelión. Lo que se hace respecto a la sedición, que ya estaba dentro de los delitos contra el orden público, es llevárselas a un subtipo agravado de delitos de desórdenes públicos”.Desde el PP, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó que el Ejecutivo vaya a permitir “liberar de la cárcel a los golpistas”.

Ella participa hoy junto al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en un acto contra la derogación.El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que volvió a mostrarse contrario a eliminar la sedición, cargó contra las “agresiones verbales” del PP a los diputados socialistas, acusándoles de recurrir “a la práctica del escrache” para intentar frenar la reforma. Cs responsabilizó al PP del fin de la sedición por no presentar una moción de censura contra el Ejecutivo.

El Supremo anula un manifiesto de la UB de apoyo a condenados El Tribunal Supremo confirmó ayer la nulidad de la resolución del Claustro de la Universitat de Barcelona (UB), que el de 21 de octubre de 2019 aprobó un manifiesto en apoyo a los líderes políticos condenados por el 1-O.

El Supremo argumenta en su sentencia que el Claustro Universitario no puede adoptar acuerdos “que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía”.