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POLÍTICA CÓDIGO PENAL

Rechazados todos los vetos a la reforma de la sedición

El Congreso desestima las enmiendas de PP, Vox, Cs, Junts y la CUP || Coge fuerza para ser aprobada antes de final de año

Una cuarentena de entidades convocaron una concentración en Barcelona contra la reforma.

Una cuarentena de entidades convocaron una concentración en Barcelona contra la reforma.EUROPA PRESS

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La reforma para derogar el delito de sedición cogió ayer impulso después de que la mayoría del Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios, rechazaran las enmiendas a la totalidad presentadas al texto, que seguirá su camino con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año. El pleno de la Cámara Baja tumbo así las enmiendas presentadas por PP, Vox, Cs, Junts y la CUP a la propuesta de cambio legal impulsada por socialistas y Podemos, que busca convertir el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima, y contempla 8 de inhabilitación.Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, momento en el que ERC previsiblemente aprovechará para reavivar el debate para modificar la malversación. Durante el debate, celebrado con una hemiciclo casi vacío, los partidos de la derecha volvieron a reprochar al Ejecutivo el impulso de una reforma del Código Penal “hecha a medida” para los condenados por el procés.

Mientras que la CUP y Junts consideraron que la propuesta amenaza la protesta pacífica, un riesgo advertido por sindicatos y Amnistía Internacional, y pidieron solo la derogación de la sedición, sin más cambios.

Unas 350 personas exigen en Barcelona la retirada de la reforma alegando que “criminaliza las protestas”

Por su parte, unas 350 personas participaron en una protesta convocada por una cuarentena de entidades catalanas como Òmnium Cultural, la ANC o Irídia, frente a la delegación del Gobierno central en Barcelona para exigir la paralización de la reforma del delito de desórdenes públicos agravados, ya que denuncian que esto supone una criminalización del movimiento social, porque eleva las penas mínimas e introduce interpretaciones poco claras.

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