POLÍTICA CÓDIGO PENAL
Reformar la malversación podría beneficiar a Puigdemont o Griñán
ERC aboga por cambios “quirúrgicos” para “avanzar en la desjudialización”|| Barones socialistas cargan contra una modificación que ahora defiende Moncloa
Una reforma del delito de malversación como a la que apuntan tanto ERC como el Gobierno central podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas que actualmente se encuentran investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos los que fueran president y vicepresident de Catalunya Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. También beneficiaría al resto de condedanos por el Tribunal Supremo por el procés, a los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig o a los diputados Josep María Jové y Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia por el 1-O. Entre los beneficiados, sin embargo, no estarían solo encausados por el procés, sino también los condenados por los ERE de Andalucía, como el socialista José Antonio Griñán, que podría evitar ingresar en prisión.
Esquerra confirmó ayer que presentará enmiendas al texto de reforma del Código Penal con el que se prevé derogar la sedición–, para modificar la malversación de forma “quirúrgica” y con el objetivo de “avanzar en la desjudicialización” y “limitar las arbitrariedades” del Estado. Según afirmó la portavoz de la formación, la leridana Marta Vilalta, su formación quiere evitar que se pueda volver a usar “para perseguir al movimiento independentista”, pero recalcó que ninguna reforma puede ser utilizada para rebajar penas por corrupción. En esta línea, el president del Govern, Pere Aragonès, confió en que “se dé este paso adelante para acabar con la represión”.
Desde el Gobierno central, defendieron la reforma, a la que el presidente Pedro Sánchez se abrió el martes, apelando a la “convivencia en Catalunya”. Sin embargo, diversos barones socialistas, como el de Madrid o el de Castilla y León, Juan Lobato y Luis Tudanca, respectivamente, cargaron contra la misma criticando que lo que habría que hacer es “endurecer” cualquier delito relacionado con la corrupción. Asimismo, desde Podemos advirtieron del riesgo de rebajarlo.
Por su parte, los del PP acusaron a Sánchez de buscar un “indulto encubierto” para Griñán.