A por la reforma de la malversación

ERC y Junts enmendarán la reforma del Código Penal, que ya se está tramitando para derogar la sedición, para tratar que se incluya también una remodelación del delito de malversación, por el que están acusados o condenados más de una veintena de dirigentes independentistas. La propuesta que harán los republicanos, que tienen intención de registrarla hoy, pasa por, entre otras cosas, rebajar las penas, hasta un máximo de cuatro años, cuando no haya enriquecimiento propio ni beneficio a terceros. Asimismo, pretende elevar hasta los 8 años de cárcel el castigo para aquellos que se lucren con el delito de malversación.

Tal y como está redactado actualmente, el delito de malversación no diferencia entre las personas que se lucran personalmente del crimen y las que no y establece condenas de entre dos a seis años de cárcel para quien cometan esta infracción. La actual formulación, hecha durante la mayoría del PP en 2015, viene de una reforma pensada específicamente para penalizar episodios como la consulta del 9-N. Desde entonces, basta con que se acredite un uso indebido de fondos públicos que haya generado un perjuicio al patrimonio público para poder condenar por malversación

La actual normativa no hace diferencia entre los que no se lucran y los que sí con la malversación

El cambio propuesto por ERC podría afectar de manera retroactiva a los líderes del procés ya condenados por el Tribunal Supremo, aunque ya han sido indultados y, por tanto, ninguna rebaja tendría efectos prácticos.

Podría incidir también en el futuro procesal de los cargos que todavía están a la espera de juicio en otras causas, acusados entre otros por este delito. Junts, por su parte, propone que no pueda penalizarse la acción política de quien cumple su programa electoral sin beneficiarse de forma ilegítima del dinero público. Así lo explicó ayer la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, tras registrar su enmienda.

El texto de Junts propone establecer penas de prisión de tres a seis años e inhabilitación de seis a diez años cuando una autoridad o funcionario público sustraiga o permita sustraer “con ánimo de lucro” fondos públicos que tengan a su cargo. Asimismo, eleva hasta ocho años las condenas si “la malversación reviste especial gravedad” por el volumen de dinero sustraído. Con estos cambios, explicó Nogueras, se busca reparar el “error” de la reforma de 2015, porque “no es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa del dinero público que, simplemente, darle un uso que puede ser considerado ilegítimo por la oposición” o por un juez, pero que responde al cumplimiento de un programa electoral validado.

Marlaska insiste en que no se relajarán las penas por corrupciónEl PSOE, que junto con Unidas Podemos impulsa el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, apura el plazo para preparar sus propios cambios al texto de reforma del Código Penal, que afronta hoy una jornada clave, ya que finaliza el plazo para presentar enmiendas. Pese a que ninguna de las dos formaciones tiene previsto presentar propuestas para incluir una reforma del delito de malversación, la clave será si se incluyen los cambios que piden ERC y Junts. Aunque el Gobierno abrió el martes la puerta a hacerlo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró ayer que en ningún caso habrá “una relajación” de las penas en la lucha contra la corrupción en la posible reforma.

En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, afirmó que Podemos no presentará enmienda porque “reformar la malversación es delicado”, ya que no “debe darse ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción”.