ERC propone rebajar las penas por malversación en los casos en los que no haya enriquecimiento personal

ERC ya ha registrado las enmiendas a la reforma del Código Penal para modificar el delito de malversación. En una nota de prensa, los republicanos explican este viernes que proponen rebajar las penas de prisión hasta los tres años en aquellos casos en los que no haya ni enriquecimiento personal ni de terceros. El grupo que en Madrid lidera Gabriel Rufián asegura que, con estas enmiendas, se podría retornar al modelo previo a la reforma del PP del 2015, con Mariano Rajoy en la Moncloa, y que siete años después afecta a los condenados para organizar el 1-O. Los republicanos también enmiendan el delito de desórdenes públicos para eliminar el concepto de "intimidación".

Así pues, la propuesta de ERC implica rebajar las penas si no hay un enriquecimiento propio o de terceros, de manera que se recuperaría –y exigiría– el afán de lucro en el delito de malversación. Ya era así desde 1995 hasta el 2015, cuando el PP aplicó su reforma.

Ahora mismo, el Código Penal establece penas de 2 a 6 años de prisión y de 6 a 10 años de inhabilitación por malversación. Las penas pueden subir hasta los 8 años de prisión y a una inhabilitación absoluta de 10 a 20 años si hay "un daño grave al servicio público" o el patrimonio afectado supera los 50.000 euros. No se hace ninguna distinción cuando no hay un enriquecimiento personal.

Los republicanos ahora proponen diferenciar los casos en los cuales no hay "ánimo de lucro" personal. Así, si "una autoridad o funcionario público destina el patrimonio público a usos particulares ajenos a la función pública" se expondría a penas de prisión de entre seis meses a tres años, y una suspensión de trabajo o cargo público entre uno y cuatro años, recoge la enmienda registrada.

Además, para los delitos más graves de malversación con ánimo de lucro los republicanos plantean añadir que el supuesto de "grave daño al servicio público" se aplique cuando "las cosas malversadas sean de valor artístico, histórico, cultural o científico; o si se trata de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública".

ERC defiende que son enmiendas "quirúrgicas" para intentar evitar que el delito de malversación se utilice con "finalidades políticas y arbitrarias contra el independentismo". El grupo republicano subraya que "cualquier paso que acerque a la desjudicialización y aleje la capacidad represiva del Estado es buena noticia" para cualquier movimiento de protesta o disidencia política.

Desórdenes públicos agravados

ERC también ha añadido enmiendas para modificar el delito de desórdenes públicos agravados. Después de que Junts, CUP, ANC y Òmnium –y varias entidades y movimientos sociales– alertaran de la reforma de este delito para "atacar el derecho a protesta", los de Rufián quieren que el nuevo Código Penal sea más "garantista y democrático".

En el último día para presentar enmiendas, ERC ha presentado una nueva enmienda que retoca la propuesta inicial sobre el delito de órdenes agravados que prevé una pena de entre seis meses y tres años de prisión cuándo se actúe con el fin "de atentar contra la paz pública, se ejecuten actos de violencia o intimidación" cuando se obstaculicen vías públicas "causando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios".

Para el tipo de desórdenes agravados, los hechos podrían comportar una pena máxima de cinco años de prisión si son perpetrados "por una multitud que, por número, organización y propósito, sean idóneas para afectar gravemente al orden público."

La nueva enmienda de ERC presentada este viernes especifica que la intimidación tendría que ser de carácter "grave" y que la ocupación de edificios también tendría que comportar un "peligro para la vida o para la integridad física para las personas" para ser considerada un delito. También quieren que se baje la pena mínima por el tipo agravado de 3 a 1 año, aunque la máxima seguiría siendo de 5 años. El objetivo global de ERC con estas reformas es "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista".