Malversación, reforma en marcha

Los partidos apuraron ayer el plazo para presentar sus enmiendas a la reforma del Código Penal para introducir cambios en el delito de malversación, y también en el de desórdenes públicos agravados, que deberá sustituir a la sedición, y que se votarán la próxima semana en el Congreso. ERC registró su propuesta con el objetivo de evitar que la malversación se use con “una finalidad política y arbitraria contra el independentismo” y, a la vez, impedir también que la reforma se use para rebajar penas en casos de corrupción”. Su propuesta pasa por rebajar las penas de prisión hasta un máximo de tres años en aquellos casos en los que no exista ni enriquecimiento personal ni de terceros.

El grupo que lidera Gabriel Rufián asegura que, con estas enmiendas, se podría volver al modelo previo a la reforma del PP del 2015, con Mariano Rajoy en la Moncloa, y que afecta a los condenados por organizar el 1- O. Así, apuesta por recuperar –y exigir– el ánimo de lucro en el delito de malversación.Este eventual cambio obligaría a revisar las condenas por dicho delito, entre ellas las del procés, y los ERE, para analizar si en las conductas sentenciadas hubo esta intención de enriquecimiento. En este último caso, ERC defiende que el expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, no podría acogerse a los cambios en la reforma, puesto que en este caso hubo beneficio a terceros.

Entre los que podrían verse beneficiados se encuentran el resto de encausados por la organización del 1-O, como Carles Puigdemont. Pero también más políticos acusados de este delito, como es el caso del exministro Jorge Fernández Díaz, señalado por utilizar fondos públicos para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y de organizar falsas acusaciones contra dirigentes independentistas en la conocida como ‘Operación Catalunya’.Por otro lado, los republicanos también solicitan una modificación del delito de desórdenes públicos agravados. Después de que Junts, CUP, ANC, Òmnium y varias entidades sociales, alertaran de la reforma de este delito para “atacar el derecho a protesta”, los de Rufián proponen especificar que la intimidación debería ser de carácter “grave” para ser considerada un delito.

También quieren que se baje la pena mínima por el tipo agravado de 3 a 1 año. La redacción actual de la ley prevé penas de entre seis meses y 3 años de cárcel cuando se actúe con el fin de “atentar contra la paz pública, se ejecuten actos de violencia o intimidación”.PSOE y Podemos también acordaron enmiendas para preservar el derecho de los manifestantes. Ambos pactaron remodelar el artículo 557 bis del Código Penal actual, introducido por el Partido Popular en 2015, que castiga con de tres a seis meses de cárcel o multa de seis a doce meses a los que ocupen establecimientos privados o públicos sin permiso del titular.

El cambio debe servir, defendió Podemos, para que solo se aplique en el caso de que concurra violencia e intimidación.Con respecto a la enmienda de ERC, el PSOE se abrió a estudiarla, pero avisó que no aceptará “ningún retroceso” en la lucha contra la corrupción y que “cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que ser sancionado”. Por su parte, Podemos vio con buenos ojos la propuesta, que elimina el “destrozo del PP”.

PSOE y Podemos piden tres años por enriquecimiento ilícito de cargos

Los grupos del PSOE y de Podemos han registrado conjuntamente enmiendas a la reforma del Código Penal con el que se crearía el nuevo delito de enriquecimiento ilícito para cargos públicos que no puedan justificar un incremento de más de 250.000 euros en sus bienes.

Según la Cadena Ser, con esta enmienda se introduce un nuevo artículo 438 bis que establece que, por un periodo de hasta cinco años después del desempeño del cargo, la autoridad “que haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados” será “castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio e inhabilitación especial para empleo o cargo públicos y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de entre dos a siete años” en el caso de que se negara “abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación”. La reforma busca evitar casos como el de la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, cuyo patrimonio asciende a 12 millones de euros después de informar de una “donación”.En opinión del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, con este cambio legal “España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo” y aseguró que no apoyará ninguna propuesta que beneficie a los condenados o procesados por corrupción.Cuando Pedro Sánchez dejó la puerta abierta a la revisión del delito de malversación hubo muchas voces del PSOE y también algunos socios parlamentarios que alertaron del riesgo de que esta modificación se convirtiera en un coladero para corruptos. Muchos socialistas expresaron en privado su incomodidad y esta propuesta podría acallar al menos en parte las críticas que ha suscitado entre sus propias filas.

Más penas contra empresarios que incumplan los derechos laborales

Los grupos del PSOE y de Unidas Podemos han propuesto castigar con hasta seis años de prisión, y multa de seis a doce meses, a empresarios que perpetren incumplimientos reiterados o supriman de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas, tanto en contratos como en convenios.Así lo recoge una de las enmiendas conjuntas al proyecto de ley para derogar el delito de sedición y reemplazarlo por el de desórdenes públicos agravados, incluyendo también un nuevo punto al artículo 311 del Código Penal, que establece supuestos de delito contra los derechos laborales de los trabajadores.