Acuerdo sobre la malversación

ERC y PSOE llegaron ayer a un acuerdo para incluir en la reforma del Código Penal varias enmiendas transaccionales que rebajen las penas por malversación. En una ponencia a puerta cerrada en el Congreso, pactaron un texto que define tres tipos distintos de conductas punibles. El primero, el de enriquecimiento personal o de un tercero, comportará penas de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación de diez a veinte años.

En el segundo, el de destinar patrimonio público a uso privado, se mantienen las penas que había en el Código Penal actual, de seis meses a tres años de prisión y suspensión de cargo público entre uno y cuatro años. El tercero, sobre el uso de recursos públicos a otras finalidades no previstas, supone penas de hasta cuatro años de prisión. También establece como requisito que deba haber “un daño o entorpecimiento grave del servicio”.

De no ser así, no habría prisión y las penas serían de multa e inhabilitación, entre uno y tres años. Los republicanos sostienen que estos casos no se pueden aplicar a los acusados y condenados por el 1-O. Mientras, los socialistas destacaron que, con esta reforma, toda malversación está penalizada, e insistieron en que no se ha despenalizado ningún caso por los cuales se condenó a los líderes del procés.

Podemos se desmarcó de la enmienda, pero votó a favor. Planteó “dudas” sobre la reforma de la malversación aduciendo a la “futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces”. El presidente de la formación morada en el Congreso, Jaume Asens, anunció por la mañana que no iban a “hacer descarrilar” el texto porque también incluye otras modificaciones, como la supresión de la sedición y cambios para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.Por otra parte, los partidos del Gobierno de coalición mantuvieron en la ley la estructura del delito de desórdenes públicos agravados, que castigará con penas de seis meses a tres años de prisión los que alteren la paz pública con “actos de violencia o intimidación” sobre personas o cosas, obstaculizando vías públicas o invadiendo instalaciones o edificios.

Ahora la proposición de ley, con las enmiendas ya incorporadas, seguirá su tramitación exprés en las Cortes Generales.En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó ayer la apertura de juicio oral a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, al diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y al exdiputado de ERC Lluís Salvadó por su implicación en los preparativos del 1-O. Entre otros delitos, Jové y Salvadó están imputados por malversación.

El PP acusa a Sánchez de “blanquear la corrupción”El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de blanquear la corrupción y negociar la reforma del Código Penal con “los que han cometido el delito”.

“Están negociando la reforma del Código Penal con los que han cometido el delito para dejarles en una condición muchísimo mejor”, criticó en una entrevista en RNE. Desde el Senado, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, emplazó al jefe del Ejecutivo a convocar ya las elecciones porque es un Gobierno “contra la gente” que ha “engañado a todos”, incluyendo a su propio partido.El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont denunció que “el espíritu de la reforma que utilizó Mariano Rajoy para perseguir el Govern del president Mas y que se ha hecho para condenar consellers del Executiu que yo presidía, ahora tiene aval independentista”. La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, lamentó que republicanos y socialistas negocien “salidas individuales y no colectivas para las más de 3.000 personas represaliadas” en el marco de la reforma del Código Penal.También varios exministros, ex altos cargos socialistas y personalidades del mundo jurídico han firmado un manifiesto de rechazo a los cambios que impulsa el Gobierno en el Código Penal, en el que alertan la nueva normativa supondrá “un estímulo” a comportamientos que atenten contra la Constitución.