El pleno del Congreso aprueba la reforma del Código Penal que deroga la sedición y modifica la malversación

El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, modifica el de malversación para establecer penas de entre 1 y 4 años cuando no haya ánimo de lucro, reformula el de desórdenes públicos agravados, y crea un enriquecimiento ilícito para cargos públicos. La iniciativa ha obtenido 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. El texto aprobado incorpora también las dos enmiendas que modifican la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que el PP ha llevado ante el mismo TC. Los populares habían pedido la suspensión cautelarísima de la inclusión de esta parte, pero el aplazamiento al lunes del pleno del TC que tiene que decidir sobre el recurso de los populares ha evitado el choque con la cámara baja.

La reforma del Código Penal ha recibido el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu. Se han opuesto JxCat, la CUP y Vox. PP y Cs no han votado. Los populares lo han justificado como protesta por el hecho que se haya celebrado la votación incluyendo las dos enmiendas recurridas y sin que se haya pronunciado el TC.

División en el independentismo

Mientras que ERC ha defendido la reforma y el PDeCAT ha justificado el apoyo por el hecho de que considera que el Código Penal queda mejor que el actual redactado con esta modificación, Junts y a la CUP lo han criticado. "Nosotros votaremos que no porque no somos delincuentes", ha dicho el diputado de Junts Josep Pagès, que ha criticado que con este acuerdo ERC está reconociendo que el referéndum del 1-O "fue delito". "Algunos han bajado los brazos", ha denunciado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido con un ataque a la presidenta de Junts, Laura Borràs, replicando que quien es un "delincuente" es el perito de ultraderecha Emilio Hellín a quien la defensa de Borràs contrató. Rufián ha negado que optar por un referéndum se pueda considerar delito y ha defendido que la reforma se hace pensando en generaciones futuras.

La portavoz de la CUP en la cámara baja, Mireia Vehí, ha alertado de los efectos no deseados que puede tener la nueva malversación y la reforma de los desórdenes públicos. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha justificado el sí de su grupo porque ve la reforma un "paso positivo en la desjudicialización" del conflicto en Cataluña.

Polémica por el recurso al TC

La reforma llega al pleno del Congreso rodeada de polémica por su contenido y por su tramitación exprés. El gobierno español ha tenido que afrontar a las críticas de la oposición de derechas que ha llevado la cuestión al TC antes de que se haya aprobado la reforma por la inclusión de dos enmiendas que buscan facilitar la renovación del Constitucional.

La convocatoria urgente del pleno del TC este jueves ha tensado el debate, ya que hasta poco antes de que empezara cernía la duda de sí el Constitucional suspendería parte de la reforma del Código Penal justo antes de que se debatiera y votara al pleno de la cámara baja, un hecho inédito en las Cortes españolas.

El diputado del PSOE Felipe Sicilia ha criticado que la derecha ha querido "parar el pleno y la democracia" con "togas" tal como pasó hace 40 años cuando lo intentó con "tricornios", en referencia al 23-F. "No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida", ha dicho, y ha defendido la reforma del TC para que deje de estar "secuestrado".

El presidente de Unidas Podemos en la cámara baja, Jaume Asens, ha afirmado que por mucho que "no hayan dejado agujeros" de bala en el techo del hemiciclo, "están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso". Asens ha dicho que la intervención del TC ha sido un "episodio vergonzoso" que perseguirá el PP "en toda su vida política".

Críticas de PP y Cs

PP y Cs han criticado que se haya mantenido el pleno y el contenido de la reforma. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado al gobierno español a llevar la iniciativa al Congreso con "valentía" y tramitarla como proyecto de ley para que cuente con los informes y después de un debate "de verdad". Gamarra también ha denunciado lo que ve como una cesión al independentismo. La portavoz de los populares también ha criticado las alusiones hechas al 23-F.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha dicho que el gobierno español "está repitiendo lo que hizo el separatismo en el 2017" con la aprobación de leyes "inconstitucionales en 48 h" y ha denunciado que "se están vulnerando todos los trámites". El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha afirmado que tanto el fondo como la forma de la norma son un "fraude".

Reforma de la sedición y malversación

La reforma parte de un acuerdo entre el PSOE y ERC para la derogación del delito de sedición. Como contrapartida hay un endurecimiento de los desórdenes públicos agravados, castigados con hasta tres años de prisión en los casos de perturbación "relevando" de la paz pública mediante "violencia o intimidación", hecho que deja abierta la puerta a los jueces para valorar esta "intimidación".

PSOE y ERC también acordaron una de las modificaciones de la ley que han generado más debate, la del delito de malversación. La reforma distingue entre varios tipos de malversación según si hay ánimo de lucro personal o no, y rebaja sustancialmente -pero no despenaliza- los casos de autoridades que destinan dinero público a una finalidad diferente de la que estaban asignados.

Si en estos casos hay un "daño o entorpecimiento grave del servicio" al que iba destinado el dinero se establecen penas de uno a cuatro años de prisión. Si no es "grave" sólo inhabilitación de hasta tres años.

Varias interpretaciones

Tan pronto como se alcanzó el acuerdo, ERC y PSOE pusieron de manifiesto que discrepaban sobre el alcance de su aplicación. Los republicanos sostienen que no se podría acusar de este delito a los líderes independentistas porque que las conductas del 1-O no son punibles, y en todo caso podrían, como máximo, ser objeto de una inhabilitación de tres años. El gobierno español sostiene que con la reforma se mantiene penalizado con hasta cuatro años de prisión la actuación de los líderes independentistas y, por lo tanto, no se escapan de la penalización de sus actos.

Reforma del TC

El gobierno español también ha aprovechado la reforma para intentar resolver el bloqueo del PP a la renovación del TC. La reforma incluye dos enmiendas que rebajan la mayoría necesaria al pleno del CGPJ -de 3/5 a mayoría simple- para elegir a los dos magistrados que le corresponden del TC. El cambio de sistema desactivaría el bloqueo que ocho magistrados conservadores están haciendo al CGPJ para evitar que la elección de sus miembros facilite un cambio de mayorías al TC a favor del sector progresista. La reforma también elimina la capacidad del TC de vetar a los magistrados propuestos por el gobierno español y permite que el ejecutivo pueda elegir a sus dos magistrados sin necesidad de esperar que haya un acuerdo en el CGPJ.

Otras modificaciones

Una de las novedades de la reforma es la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de penar con hasta tres años de prisión los cargos públicos que no puedan justificar un enriquecimiento personal superior a 250.000 euros después de que -en los cinco años después de abandonar el cargo- se lo pida un órgano oficial.

La reforma incorpora otra enmienda para castigar con penas de entre seis meses y seis años de prisión a los empresarios que incumplan de manera reiterada la legislación laboral. PSOE y Podemos también incorporaron una enmienda a la exposición de motivos de la ley y, por lo tanto, sin alcance normativo, para intentar instruir a los jueces con respecto al hecho de que no es obligatorio rebajar condenas en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'.