El TC frena la reforma judicial del Gobierno en una decisión inédita en 40 años de democracia

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al alto tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP contra esas enmiendas. La mayoría de magistrados conservadores del tribunal de garantías entendió que el avance de la tramitación parlamentaria vulnera los derechos de los populares, que alegaban que estas medidas les privan de representar a sus votantes. El TC dará a conocer previsiblemente hoy la interlocutoria y se podrá conocer el alcance de las medidas cautelarísimas.

Esta es una situación inédita que puede desatar una crisis institucional sin precedentes en el Estado, ya que en sus más de 40 años de historia, el Constitucional nunca antes había frenado un debate en las Cortes Generales. El tribunal dio este paso después de que las enmiendas fueran aprobadas en el Congreso el jueves en el marco de la reforma del Código Penal. Aunque estas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja, aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas este jueves.

Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el tribunal.Los once magistrados del TC iniciaron su cónclave interno a las 10.00 horas, pero las decisiones de calado no llegaron hasta las 19.30, cuando acordaron admitir a trámite el recurso del PP. El tribunal de garantías, absolutamente dividido, rechazó también por seis votos –los de la mayoría conservadora– a cinco –los de la minoría progresista– las recusaciones reclamadas por PSOE y Podemos contra el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Ambos, con su mandato caducado, votaron en contra de su propia recusación.

De este modo, el aluvión de escritos de Podemos y PSOE oponiéndose a cualquier medida que afectara al trámite legislativo no logró cambiar la posición del ala conservada, que tan solo aceptó su personación en el procedimiento. Ambas formaciones habían considerado que tanto Trevijano como Narváez tenían “interés directo” en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por Moncloa de haber salido adelante la modificación planteada. En caso de que hubiera salido adelante la votación para apartar a ambos, los magistrados progresistas habrían revertido las mayorías y rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP.

Los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán han anunciado un voto particular.El pleno del Tribunal Constitucional ya se reunió el pasado jueves, pero Trevijano accedió a aplazarlo después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse si no se les daba más tiempo para estudiar el caso, de gran “complejidad” y que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el quorum de al meno 8 magistrados que se exige para que el pleno quede constituido.

“Se abre una crisis institucional sin precedentes”

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil, anunciaron anoche que acatarán la decisión del Tribunal Constitucional pero con una clara advertencia: “Se abre una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia”.

El Gobierno aseguró que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión pese a considerar que es “de una gravedad máxima” y adoptada mediante un procedimiento “insólito”.“A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria”, dijo Batet. “En 44 años de democracia jamás se había despojado a las Cortes de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda, de este modo, seriamente comprometida”, afirmó Gil.La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, mostró la “perplejidad” de su partido y culpó al PP de un “conflicto de máxima gravedad”.

El presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, tildó de “golpe consumado” la decisión del TC y de “actitud sediciosa” la actuación de los jueces con el mandato caducado. El president Pere Aragonès, por su lado, acusó a la “derecha españolista” de secuestrar las instituciones y reclamó una agenda “valiente y progresista”.

Los populares aseguran que “ha triunfado” el Estado de Derecho

El PP aseguró ayer que el Estado de Derecho “ha triunfado” y reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que acate la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En opinión del principal partido de la oposición, la Justicia vino a decir “que no todo vale en la política”, que el Gobierno “se saltó todas las líneas rojas” y que “este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de poner en “juego los cimientos de la democracia” con unas medidas que “no son legítimas” y que han conllevado a una “deriva” de la que, a su juicio, se “avergüenza” el propio Ejecutivo español. En otro orden de cosas, Junts ha propuesto que el Parlament censure la modificación del delito de desórdenes públicos agravados pactado entre PSOE y ERC en el marco de la reforma del Código Penal.

Lo ha hecho en una moción que se votará el jueves.