Sánchez acata la decisión del TC pero anuncia medidas para poner fin al bloqueo judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ayer que el Ejecutivo adoptará “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al “injustificable” bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional(TC), del que responsabilizó al PP. Así lo dijo en una declaración institucional tras la decisión del tribunal de garantías, que el lunes por la noche paralizó la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por PSOE y Podemos por un recurso del PP. En un tono más suave que otros portavoces y miembros del Gobierno, Sánchez afirmó que el Ejecutivo central, aunque no comparta la decisión del tribunal de garantías, acata la resolución de la “actual mayoría” de magistrados conservadores.

Aunque no concretó qué medidas tomará, fuentes de Moncloa apuntaron ayer que el Gobierno tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas suspendidas por el TC. Este texto se presentará mediante la tramitación urgente, a la espera de conocerse qué partidos se sumarán a la iniciativa. Las enmiendas presentadas por los partidos del Ejecutivo planteaban una modificación del sistema de elección de los jueces.Sánchez aseguró que el fallo del TC representa una decisión “grave” y “sin precedentes en democracia” y recordó que la “mayoría conservadora” del Constitucional llevó a cabo una maniobra para paralizar una reforma legal que afecta a su propia renovación.

Consideró que estos hechos tienen su origen en la decisión del PP de “incumplir el mandato constitucional” con el único propósito de mantener una composición del CGPJ “más favorable a su orientación”.También recordó que es la primera vez en los más de 40 años de historia del Constitucional que el tribunal frena un debate en las Cortes Generales. Sin embargo, apeló a la serenidad y garantizó que se cumplirán tanto las leyes como la Carta Magna.Mientras, la Comisión de Justicia del Senado acordó continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal impulsada por Moncloa, que incluye la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación, pero dejó fuera las modificaciones introducidas para renovar el tribunal de garantías. Este órgano se reunió tras la celebración de una Mesa extraordinaria que acordó, con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP, personarse contra el recurso de amparo del PP por el que el pleno del TC decidió paralizar la reforma judicial.

De este modo, la modificación del Código Penal será sometida a votación en el pleno del Senado mañana, sin que las enmiendas recurridas por el PP formen parte del orden del día. El presidente del Senado, el socialista Ander Gil, había acusado el lunes al TC de haber interferido en la “autonomía” parlamentaria de la cámara alta

El Gobierno registrará esta semana una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el TC

Gabriel Rufián ironizó ayer sobre la situación: “Como catalán, para mí, es una especie de déjà vu”

Los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez reclamaron ayer una acción conjunta para revertir el auto del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las dos enmiendas que permitían renovar este órgano y el Poder Judicial. ERC, Bildu y el PNV consideraron que el fallo del tribunal de garantías supone un “atropello” a la democracia y una injerencia en la división de poderes.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que la situación es “subsanable” con una proposición de ley que contenga las dos enmiendas suspendidas por el TC. También remarcó que en el Parlament “ya se ha vivido” la actuación que el TC ha tenido ahora con el Senado. “Como catalán, para mí, es una especie de déjà vu”, ironizó, antes de advertir de que la desobediencia sin tener un plan “es confeti”.

También la portavoz de Bildu en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, consideró que ante el “golpe judicial contra la representación legítima emanada de las urnas” tiene que haber una respuesta “rápida y conjunta” de los partidos, la cual tiene que ser encaminada por Moncloa. El PNV recalcó que “la decisión del TC es una injerencia inaceptable en el procedimiento parlamentario”. También Podemos reclamó poner “todos los recursos jurídicos al alcance” para llevar a cabo la reforma judicial y Más País registró el mismo lunes por la tarde una proposición para cambiar la Ley Orgánica del TC y tratar de renovar la composición del tribunal.Mientras, la CUP instó a actuar contra lo que calificó de una “injerencia que rompe la separación de poderes”, y desde Junts acusaron al PSOE de ser “cómplice durante años” de la “arbitrariedad” del TC, y avisó de que el tribunal ha vulnerado “sistemáticamente” la soberanía del Parlament.

El Govern dice que la Justicia “usó Catalunya como banco de pruebas”La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, criticó ayer el veto del Tribunal Constitucional a su propia renovación, aunque opinó que la Justicia española ya “utilizó Catalunya como banco de pruebas”. “Ahora se escandalizan, pero aquí esta película ya la hemos vivido”, dijo, antes de denunciar que la “desacomplejada politización” de la justicia por parte de la derecha está llevando al Estado “de nuevo” a un “peligrosísimo espiral antidemocrático”. La portavoz del Executiu también instó al presidente del Gobierno español a escoger entre tumbar la “coalición de la derecha político-judicial” o “seguir colaborando” con ella.