El auto del caso de la depuradora de IQOXE describe cómo se ocultaban los vertidos contaminantes en el mar

IQOXE realizó vertidos de aguas contaminantes directamente en el mar ideando un sistema para diluir las aguas residuales y alterar las analíticas. Así lo concluye el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona en el auto que cierra la investigación de la pieza separada por un supuesto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos desde la depuradora de la empresa. Relata que la planta, construida en 1995, no tenía "capacidad suficiente para depurar los residuos" y sostiene que los directivos de la empresa manipularon las aguas y uno de los tanques para superar las inspecciones de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El instructor ha iniciado el procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral contra la sociedad y seis de sus responsables.

La estrategia de ocultación de vertidos en el mar que el juez atribuye a los directivos de Iqoxe se habría desplegado "en un contexto de aumento de producción y progresiva utilización de materiales difícilmente degradables", como los de la familia de los Metoxipolietilenglicol (MPEG), así como para "enmascarar los vertidos con el uso de productos desespumantes y para ocultar los datos reales de contaminación a los organismos de control". En concreto, se ha investigado comprende el periodo entre los años 2017 y el momento de la explosión en la planta de la Canonja, el 14 de enero de 2020.

Ante "el elevado coste" que podrían suponer las inversiones necesarias para solucionar el problema de una depuradora poco preparada para recibir el volumen y tipos de aguas residuales producidos en la sección de derivados cerca la ampliación de los últimos años, apunta al juez, los responsables de IQOXE optaron por verterlas. Mediante un bypass se desvió la carga residual que llegaba a la planta hacia el canal que desemboca en el puerto de Tarragona, en una zona próxima a la playa de la Pineda. Según precisa el auto, "se vertió directamente agua sin depurar al canal de refrigeración", mayoritariamente por las noches y los fines de semana para evitar ser detectados.

Además, desde el año 2015, los responsables de la estación añadieron agua limpia a la salida de la depuradora proveniente del tanque contra incendios para diluirla. Para diluir las aguas residuales también se utilizó AQUAMAX, un producto que "produce un peligro crónico para el medio ambiente acuático" así como también "mortal para las personas en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias", según apunta el juez. Cuando se tiraba al mar agua no tratada y salía espuma, se aplicaba este producto para disolverla. La operación se efectuaba mediante un tanque con aspersores o de forma manual vaciando directamente garrafas por parte de los operarios. Con la puesta en marcha de la planta U-3100, el año 2017 la empresa incrementó más en un 300% la compra de este desespumante. 

Según razona el auto, las cantidades de contaminantes vertidas directamente habrían superado los límites anuales que permite el ACA y contribuyendo de forma "muy significativa a la contaminación de esta zona de la costa" así como al hecho que "el estado de calidad de esta masa de agua sea considerada como mala". Eso, añadido al uso de Aquamax, habría producido un "daño sustancial al medio", según el Instituto Nacional de Toxicología. El hecho de que la depuradora no podía asumir los vertidos recibidos y las aportaciones de derivados fueran derivadas habría hecho necesario evitar que las aguas residuales que salían por el colector submarino no ofrecieran valores anómalos.

En este ámbito, el juez apunta que se puso en marcha la práctica de alterar analíticas para evitar sanciones y posteriores inspecciones. Así, relata el mismo auto, idearon un sistema "para facilitar información falsa a la administración en los autocontroles" de la misma empresa sobre aguas residuales y "dificultar" la tarea inspectora. Concreta el juez que se manipuló la depuradora durante la inspección del ACA en el 2019 por episodios de espumas. Se colocó una chapa en uno de los tanques para que los operarios del organismo de la Generalitat agaféssin las muestras del agua limpia en disolución y no de la zona donde había las aguas sucias.

Cinco directivos imputados

Al cierre de la investigación, el juez ha imputado a José Luis Morlanes y José Manuel Rodríguez, accionista y director de IQOXE, respectivamente, ya que considera que "estaría ante una conducta organizada y continuada de la empresa". También señala a Gerard Adrio, jefe del Departamento de Servicios Generales, jefe de Seguridad, Medio ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad y Manuel Montoro, responsable del laboratorio de la empresa. El juez cree que tuvo un "papel relevante dentro de la dinámica organizada de los vertidos de aguas residuales", igual que Cèsar Sanz, responsable de tecnología y del laboratorio.