JUSTICIA POLÍTICA
El Constitucional frenó su reforma alegando que el Congreso no es “inmune” a su control
Recuerda que es el encargado de velar por que el poder legislativo respete los límites de la Carta Magna || Los progresistas denuncian una “interferencia sin precedentes” en la libertad parlamentaria
Imagen de la sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
El Tribunal Constitucional (TC) frenó la semana pasada la tramitación parlamentaria de los cambios impulsados por el Gobierno en el modo de elección de sus jueces, al considerar que el poder legislativo no está “exento o liberado de subordinación a la Constitución” y que corresponde a la propia corte de garantías “velar por que respete los límites de la Carta Magna”. Así figura en el auto en el que, por mayoría de 6 a 5 de sus magistrados –el bloque conservador contra el progresista–, paralizó de manera cautelarísima y a petición del PP la tramitación de dos enmiendas que pretendían modificar el sistema de elección del tribunal. La resolución subraya el papel del Constitucional como “intérprete supremo de la Constitución”, “independiente” a los demás poderes, también el legislativo, y “garante último” de su equilibrio, incluyendo la posibilidad de “limitar la capacidad de actuación del legislador cuando este exceda los márgenes constitucionales”.
Así, explica que, “de proseguir la tramitación parlamentaria” sin retirarse las enmiendas, la vulneración de derechos denunciada por los diputados populares “devendría irreversible, ya que esa lesión se habría consumado” y el amparo no tendría efectos. Así las cosas, el Constitucional considera que la vulneración de derechos aducida por el PP no carece de verosimilitud, dado que debe haber una “correlación material” entre una enmienda y el texto que modifica. En este caso, se trataba de enmiendas a la reforma del Código Penal, que introducían cambios las leyes orgánicas del TC y del Consejo General del Poder Judicial.El auto, además, rechaza la recusación presentada por Podemos contra los magistrados Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez –ambos con el mandato caducado– negando que tengan “interés directo o indirecto” en el recurso.El voto particular de los magistrados Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, por su parte, afirman que la “insólita” decisión de frenar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas que afectaban al propio Constitucional supone una “interferencia sin precedentes en la función legislativa” que dividió en dos bloques al tribunal, trasladando a los ciudadanos una imagen de “seguidismo” del “conflicto político partidista”.
Además, discrepan de que González-Trevijano y Narváez, no se abstuviesen del debate al quedar cuestionada su imparcialidad, dado que la suspensión de las enmiendas “tiene incidencia directa” sobre su “mandato caducado”. También discreparon el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, cuya explicación se conocerá próximamente, y la magistrada María Luisa Balaguer, que afirma que la decisión de la mayoría afecta a la autonomía parlamentaria.
El Gobierno vuelve a exigir al PP negociar la renovación del Poder Judicial
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, emplazó ayer al Partido Popular a retomar la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque tras acordar este órgano sus magistrados al Tribunal Constitucional (TC) “el único que incumple la Constitución es el PP”.
Con todo, añadió que una vez renovado el TC la nueva proposición de ley en la que se trabajaba para cambiar el sistema de nombramientos, que fue paralizada antes de llegar al Senado, “deja de tener urgencia”.Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó que aunque el desbloqueo de la renovación Constitucional es positiva, en ningún modo resuelve la “crisis gravísima” generada por la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma del alto tribunal, que califica de “golpe judicial”. De esta forma, subrayó que el problema de origen, el “pecado original”, es el bloqueo que el PP lleva ejerciendo en el Consejo General del Poder Judicial.Mientras, desde el PP, su vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, respondió a Bolaños que el Gobierno y su partido podrán sentarse a negociar la renovación del CGPJ cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se libere de la “esclavitud moral” a la que, según dijo, le tiene sometidos ERC y Bildu. En esta línea, remarcó que a los populares les “preocupa” las dos personas de “obediencia sanchista” que el Gobierno quiere nombrar en el Tribunal Constitucional, en alusión al exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora de Moncloa Laura Díez.
“Que el Gobierno meta en el TC a un exministro de Justicia, que lo fue del propio Ejecutivo, a juzgar la constitucionalidad de leyes que él como ministro impulsó, es algo inédito e iliberal en las democracias de nuestro entorno, que resta confianza y legitimidad de facto al tribunal de garantías”, manifestó.
El Alto Tribunal examina hoy a los candidatos del CGPJ y el Gobierno
El Tribunal Constitucional se reunirá hoy en un pleno extraordinario para examinar la idoneidad de los candidatos del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la propia corte de garantías. Este es el primer paso del trámite para sustituir a los cuatro magistrados del Constitucional que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio y empezará así el proceso interno para que se lleve a cabo su renovación parcial.
Los candidatos son: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la exdirectora general del ministerio de Presidencia Laura Díez, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano. Estos dos últimos a expensas del Poder Judicial. De aprobarse su candidatura, los cuatro jurarán su cargo ante el rey para un periodo de 9 años.
La llegada de estos cuatro magistrados cambiará la correlación de fuerzas del tribunal, que pasará a tener mayoría progresista.
