El Constitucional da su visto bueno a sus cuatro nuevos magistrados

El pleno del Tribunal Constitucional dio ayer por unanimidad su visto bueno a sus cuatro nuevos magistrado, los dos propuestos por el Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone el último trámite para su renovación, que desembocará en una corte de garantías de mayoría progresista. Estos son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, ambos propuestos por el Ejecutivo; y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el CGPJ. Recibido el aval, ahora deberán jurar su cargo ante el rey Felipe VI, algo previsto para mañana mismo, antes de tomar posesión del mismo el 9 de enero.

Después de esto se abrirá el debate sobre quién será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, cargo al que previsiblemente se postularán los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. El sustituto del magistrado conservador Pedro González-Trevijano, que ahora sale de la presidencia que ocupa desde noviembre de 2021 y del Constitucional al tener el mando caducado, lo elegirán los miembros del TC en una votación secreta. Pese a que los dos están ya abriendo contactos para recabar apoyos, todo parece apuntar a que será Balaguer la que tenga más opciones de lograr el cargo, ya que tendría más posibilidades que Conde-Pumpido de reunir los apoyos del sector conservador por tener un perfil de “consenso”.

Por su parte, el conservador, Ricardo Enríquez, se perfila como el nuevo vicepresidente.

La ley del aborto o el 25% de castellano, pendientes

Un nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista estudiará ahora los recursos contra las reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio TC, contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todas recurridas por partidos de la derecha. Hasta ahora, en el TC figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista.

El nuevo escenario favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados, mientras que los conservadores se quedarán con 4.En el plano social también hay varias decisiones pendientes. La corte de garantías admitió los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un “padecimiento grave”. Asimismo, sigue pendiente la respuesta a la impugnación de Vox contra la ley de protección de la infancia y la adolescencia o los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá.

Otros recursos a la espera de fallo son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación de la reforma laboral.