La ONU insta a España a investigar y poner sanciones por el 'Catalangate'

La ONU alertó ayer de la vulneración de derechos humanos en el caso de los espionajes con el programa Pegasus e instó al Gobierno español a “investigar, procesar e imponer sanciones” contra los responsables. Lo hizo a través de una resolución de los relatores especiales sobre cuestiones de las minorías, los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación en respuesta a una denuncia de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en nombre de las víctimas del partido en el conocido como Catalangate. Así, la resolución recoge, entre otros, el espionaje al president del Govern, Pere Aragonès; la consellera de Acción Exterior, la leridana Meritxell Serret; los exlíderes de la ANC y Òmnium, Elisenda Paluzie y Jordi Sànchez; el abogado Andreu Van den Eynde o la propia Rovira.

La resolución de Naciones Unidas se emitió el 24 de octubre de 2022, pero no se hizo pública hasta ayer, puesto que dejaba 60 días de margen al Gobierno español para que respondiera. La Misión Permanente de España ante la ONU respondió el 22 de diciembre argumentando que toda actividad policial desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarca “siempre dentro de lo escrupuloso respecto a la legalidad”. Defendió también que España es un estado de derecho pleno en el que funcionan todos los sistemas de garantías internas y externas propias de una democracia avanzada de la Unión Europea.

Asimismo, trasladó a la ONU las conclusiones de la investigación del Defensor del Pueblo, en las que se “verificaba” que la actuación del CNI se había realizado “de acuerdo con la Constitución y la ley”.En su respuesta, Naciones Unidas expresa una “preocupación muy seria” por este “programa de espionaje extenso y bien coordinado” sobre activistas y figuras públicas independentistas. Denuncia que el espionaje masivo vulneró el derecho a “reunirse pacíficamente y participar en asociaciones”, a “tener privacidad en la correspondencia” y a “ser iguales ante la ley”. También temen que el uso generalizado de este tipo de software pueda aumentar “la autocensura” y que esto genere un “efecto inhibidor” sobre el derecho a la libertad de opinión en Catalunya en general.