VIOLENCIA DE GÉNERO PROTOCOLO
Fiscalía se opone a automatizar los avisos a parejas de maltratadores
Como plantea Interior, y pide que se limite solo para los casos de riesgo relevante
Marlaska analiza el repunte de crímenes machistas junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Fiscalía de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer se opuso ayer a que las mujeres que conviven con agresores reincidentes sean avisadas de forma automática de que sus parejas tienen antecedentes por violencia machista, aunque precisó que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso. Responde así a la consulta planteada por el ministerio del Interior sobre su plan para comunicar a mujeres que denuncian una agresión machista que su pareja tiene antecedentes por malos tratos. El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska estudia implementar esta medida para combatir el aumento de crímenes machistas, tras el repunte de las últimas semanas.
La Fiscalía recuerda que la información personal está sometida a la ley de protección de datos y señala que en el protocolo de valoración de riesgo en casos de violencia de género no figura “la exigencia de comunicar a la víctima información relativa a los antecedentes de su agresor en caso de que existan”. No obstante, apunta a que si Interior considera que la comunicación de esa información es “relevante de cara a prevenir la comisión de un nuevo delito”, los criterios para adoptar esta medida deberían contemplarse en dicho protocolo.
Ante la respuesta de la Fiscalía, Interior matizó que “nunca se ha pretendido o sugerido” la activación de una alerta “genérica” frente a reincidentes por violencia de género. Con todo, precisó que sí que se busca que puedan ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso. Interior, además, estudia con las Fuerzas de Seguridad cómo mejorar las medidas de protección a las víctimas.
La asesinada en Tenerife renunció de forma voluntaria a protección
La mujer de 46 años presuntamente asesinada el domingo por su expareja en Tenerife renunció a pedir una orden de protección y expuso que lo hacía “libre y voluntariamente” sin que “mediara amenaza o coacción alguna”, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En Catalunya se da la circunstancia que de las 11 muertas a manos de sus parejas, cuatro habían denunciado, pero no tenían una orden de protección vigente, como es el caso de Irina, asesinada en Lleida en diciembre.
