Primeras peticiones o posibles revisiones de pena de malversación

La reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de coalición y los socios de investidura a finales del pasado año ya ha empezado a provocar los primeros efectos. El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise si mantiene su petición de pena en el ‘caso Acuamed’, al advertir que la reforma del Código Penal, que mañana entrará en vigor, podría provocar una rebaja para algunos supuestos. El juez que investiga el caso del presunto desvío de fondos de la empresa pública Acuamed, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma.Por su parte, la defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’, estudia pedir cambios en el escrito de acusación formulado por Fiscalía en relación al juicio que arranca este mes.

Benavent se sentará en el banquillo de los acusados por usar presuntamente a la empresa pública valenciana Imelsa “en beneficio propio” y contratar a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”. También las defensas de los principales procesados por la ‘Operación Kitchen’, relativa al presunto espionaje orquestado desde el ministerio del Interior del popular Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información, se encuentran a la espera del escrito de acusación de Fiscalía para pedir cambios.Entretanto, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, insistió en que la reforma del Código Penal no ha despenalizado ningún tipo de malversación y mostró su “confianza plena” en que en los jueces perseguirán el objetivo de “no tolerar” estos comportamientos ilícitos. También recordó que en el ‘caso Acuamed’ aún no hay condenados y que lo ocurrido es solo un “trámite procesal”.La Fiscalía General del Estado fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación una vez entre en vigor la reforma del Código Penal, que reduce las penas por ese delito cuando no existe ánimo de lucro y que, según fuentes del ministerio público, tiene muchos “recovecos”.

El Supremo ratifica las condenas del mayor caso en el País Vasco

El Tribunal Supremo (TS)confirmó ayer con “puntuales correcciones técnicas” la condena por corrupción a tres integrantes del PNV de Álava en el ‘caso De Miguel’, conocido como la mayor causa de corrupción en el País Vasco con 26 personas juzgadas. La decisión del alto tribunal lega trece años después de que la abogada Ainhoa Alberdi denunciara al exintegrante del partido Alfredo de Miguel por pedirle una “mordida” para lograr un contrato. La Audiencia Provincial de Álava consideró probado que de Miguel, junto con los exdirigentes del PNV alavés Aitor Telleria y Koldo Otxandiano habían creado una red para obtener ilegalmente contratos públicos.

Ahora, el TS ha rebajado ligeramente las penas a los tres y al exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, Javier Sánchez Robles, aunque deberán entrar a prisión porque sus condenas van de 5 a 12 años de cárcel.