Llarena revisa la imputación de Puigdemont tras la derogación hoy del delito de sedición

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, está estudiando cómo reformular el auto de procesamiento contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ante la entrada hoy en vigor de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Según adelantó ayer el diario La Vanguardia, el instructor tendría intención de retirar del escrito de imputación el delito de sedición, y por eso estaría buscando un nuevo encaje en el delito de desórdenes públicos agravados que introduce la reforma para reclamar a Puigdemont, sobre quien pesa una orden europea de detención. Asimismo, estaría evaluando si la malversación que se les atribuye está encuadrada en alguna de las formas atenuadas introducidas en la nueva ley.

La reforma de la malversación contempla penas máximas de cuatro años de prisión cuando no hay lucro personal. Además de al expresident, el Supremo también reclama a los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos residentes en Bélgica y procesados por sedición, malversación y desobediencia – excepto Puig, a quien no se le atribuye la sedición–.En paralelo, el Alto Tribunal va a iniciar también el proceso de revisión de las condenas impuestas a los dirigentes independentistas juzgados tras el 1-O. En este sentido, los abogados de los condenados de ERC ya anunciaron que pedirán “lo antes posible” la revisión de las penas con el objetivo de que el presidente del partido, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa sean absueltos tanto del delito de sedición, que ya deja de existir, como del de malversación.

“Pediremos, porque la exigimos, la revisión de la sentencia en el sentido de que quede claro que no se ha producido ningún delito y que, por lo tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal y las penas”, aseveraron los abogados.Por el contrario, los dirigentes de Junts condenados por el referéndum–Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez–, así como el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart , no tiene intención de pedir la revisión de la sentencia porque consideran que la misma ha provocado un “daño” que, a su juicio, no se puede reparar (ver desglose).Actualmente, los nueve dirigentes mantienen la pena de inhabilitación, de entre 9 a 13 años, porque el Gobierno central los indultó, el verano del 2021 de la pena de prisión, pero no de la suspensión para ejercer cargos públicos. Con la desaparición de la sedición se espera que los que están condenados solo por este delito, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Forn y Rull– obtengan una sentencia absolutoria. En cambio, en cuanto a los condenados por malversación de caudales públicos, hay juristas que consideran que su interpretación será compleja, ya que la sala del Supremo puede interpretar que los líderes del 1-O no obtuvieron ningún lucro personal, pero que con el gasto realizado querían ganar unas elecciones.

A la espera de que la absolución llegue desde Europa

El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no tiene intención de pedir una revisión de la sentencia, así como tampoco lo harán los dirigentes condenados de Junts, porque considera que el daño hecho por la sentencia no puede repararlo ahora una revisión de la condena para levantar la inhabilitación, y cree que pedir la absolución podría debilitar la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), puesto que existe el riesgo de que los magistrados del órgano con sede en Estrasburgo interpreten que al aceptar una eventual absolución considere que el daño ha quedado reparado.En este sentido, su defensa señala que su prioridad desde el primer momento es que la sentencia llegue a Europa, y no quiere ponerlo en peligro. En otro orden de cosas, la desaparición del delito de sedición, que se consumará hoy con la entrada en vigor de la reforma penal, podría facilitar el regreso a Catalunya desde Suiza de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, según señalaron ayer varios expertos. Y es que, de los dirigentes independentistas que se fueron al extranjero, es la única que solo está procesada por este delito, lo que podría propiciar que quedara solamente en uno de desobediencia, penado con multa e inhabilitación, no con cárcel.

Aunque contra ella no pesa orden internacional de detención y entrega, hasta ahora se arriesgaba a ser arrestada si volvía a España porque la sedición estaba castigada con entre 10 y 15 años de cárcel.Pese a esto, desde Esquerra descartan que esto sea así, puesto que Rovira está acusada de rebelión.

Moncloa ve lógico que los condenados pidan una revisión

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró ayer “lógico” que los abogados de los condenados por el 1-O pidan su absolución al Tribunal Supremo una vez entre hoy en vigor la reforma del Código Penal y recalcó que le corresponde ahora a la Sala Segunda revisar la condena de inhabilitación porque la de prisión ya fue indultada. En este sentido, defendió que es un procedimiento “perfectamente normal” porque los hechos por los que fueron condenados tienen con la reforma una tipología diferente.

Bolaños hizo hincapié en que las nuevas penas para el delito de deórdenes públicos agravados –que sustituye a la sedición– y el de malversación son superiores a la inhabilitación que tienen en este momento los dirigentes independentistas.

A juicio por coaccionar a un hotel que alojó a policías el 1-O

La Audiencia de Barcelona empezó ayer a juzgar al teniente de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou, a la entonces teniente de alcalde Carmen Aragonés y al jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones contra un hotel del municipio en el que se hospedaron agentes de la Policía Nacional desde unos días antes del 1-O. El escrito del fiscal pide condenarlos a tres años de cárcel y recoge que la noche del 2 de octubre los tres acusados supuestamente entraron al hotel, pidieron ver al director y uno de ellos le dijo que “si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente durante cinco años”. Policías nacionales desplazados a Catalunya con motivo del 1-O se hospedaron en ese hotel.