ANÁLISIS HUMAN RIGHTS WATCH
Más críticas a España por las “devoluciones en caliente”
Una ONG dice que esta práctica contribuye a la muerte de migrantes||Censura la pasividad de Moncloa con el 'Catalangate'
Policías marroquíes retienen a migrantes en la valla de Melilla.
La ONG Human Rights Watch (HRW), dedicada a la protección de los derechos humanos en todo el mundo, ha denunciado que la política de “devoluciones en caliente” de España contribuyó a la muerte de personas migrantes “en sus fronteras terrestres y marítimas”. Así se desprende en el informe anual de la organización, que señala los sucesos ocurridos en la valla de Melilla en junio, cuando al menos 23 personas que intentaban pasar a España desde Marruecos perdieron la vida. El documento destaca que “las imágenes del suceso muestran a la policía marroquí golpeando a personas que escalaban la valla y a la policía española usando gases lacrimógenos y trabajando junto con sus colegas marroquíes para enviar a gente de vuelta a través de la frontera”.
“La falta de rutas legales y seguras sigue provocando daños y muertes”, asegura la ONG. “Estamos preocupados por cómo manejó España el asunto y por lo que pueda ocurrir en el futuro”, aseguró ayer el director ejecutivo de HRW para Europa y Asia central, Hugh Williamson. “Es importante que España no devuelva en caliente a personas hacia Marruecos a no ser que haya analizado sus aplicaciones de asilo”, insistió.Amnistía Internacional acusó en diciembre a las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes de cometer crímenes contra el derecho internacional durante la tragedia de Melilla, y la Fiscalía española archivó días después su investigación de los hechos al no ver delito en la actuación de los agentes.Por otra parte, HRW también menciona en su informe el escándalo del espionaje del Catalangate, y dice que “expertos en ciberseguridad y grupos de derechos humanos han sido críticos” por la “falta de supervisión al respecto por parte del Gobierno español.
En términos globales, la organización también advierte de la amenaza que supone para los derechos humanos “el poder incontrolado de los gobiernos autoritarios” de países como China, Irán, Afganistán o Rusia, a quien acusa de cometer “innombrables crímenes de guerra en Ucrania”.
