Fiscalía estudia enmendar a Llarena para acusar a Puigdemont de desórdenes públicos

La Fiscalía estudia presentar un recurso contra el auto del magistrado Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo (TS) de la causa contra el procés, para pedir al alto tribunal español que sustituya el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados a los condenados por la causa y al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de exiliados. Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, Llarena dictó el jueves un auto en el que eliminaba la sedición, ya derogada, del procesamiento de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, al considerar que los hechos perseguidos no encajan en el delito de desórdenes públicos agravados. Sin embargo, mantiene el de malversación agravada –que prevé penas de hasta 12 años de prisión y de 20 de inhabilitación– e incluye el de desobediencia, que no contempla cárcel, pero sí hasta dos años de inhabilitación.

En este sentido, el Ministerio Público analiza ahora si los hechos del 1-O encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados –castigado con penas de hasta cinco años de prisión y ocho de inhabilitación– para no impedir que la actuación de los líderes independentistas quede “despenalizada”, como había criticado Llarena. Por su parte, Puigdemont, que el jueves había asegurado que luchará para volver en libertad, estudia recurrir también el auto de Llarena.Paralelamente, la Fiscalía está preparando las alegaciones que en los próximos días debe presentar ante el Supremo sobre cómo deben aplicarse las reformas penales en la sentencia del procés, un informe en el que también podría poner sobre la mesa el delito de desórdenes públicos. También las acusaciones y las defensas trabajan en los informes sobre la revisión de la sentencia, para lo que el alto tribunal les marcó el jueves un plazo de ocho días.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ayer a las críticas de Llarena y defendió la “legitimidad” de los políticos de legislar.

También sostuvo que la decisión del magistrado prueba que la reforma del Código Penal permite “reclamar” a Puigdemont “para que responda ante la justicia”. La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí aseguró ayer que regresará a Catalunya “lo antes posible”, después de que el magistrado Pablo Llarena, instructor del procés, haya descartado intentar juzgarla por sedición y únicamente haya mantenido el delito de desobediencia, que solo comporta inhabilitación, en el procesamiento contra ella. Sin embargo, dijo que no se presentará ante el Tribunal Supremo al asegurar que no reconoce la competencia de Llarena para juzgarla, y tampoco concretó la fecha de su regreso.

“La persecución en mi caso ha quedado limitada a la desobediencia, que no comporta penas de prisión y, por lo tanto, en principio, tendría que poder circular libremente por el territorio español”, subrayó en una entrevista en Catalunya Ràdio. Sin embargo, denunció que con el Estado “no tienes nunca garantías democráticas”, y reconoció que volver sin pasar por el Supremo “puede ser que tenga consecuencias”.Ponsatí recordó que goza de inmunidad porque es eurodiputada. “No me tendrían que detener, pero certeza al 100% no tenemos”, insistió al ser preguntada por las consecuencias de evitar presentarse ante el alto tribunal español.

Ponsatí afirmó que Llarena, en su interlocutoria, “no ha respetado la inmunidad de los eurodiputados” como ella, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín. “Llarena es la punta de lanza de la persecución española contra Puigdemont y su Govern. Su objetivo es encerrarlo en prisión y harán todo lo que puedan”, afirmó.También la secretaria general de ERC, Marta Rovira, está en la misma situación legal que Ponsatí.

Ambas están procesadas por desobediencia, por lo que no se exponen a penas de prisión, pero sí de inhabilitación. La republicana, exiliada en Suiza desde 2018, aseguró el jueves que no tomará una decisión “precipitada ni inminente” sobre su regreso.

Moncloa ve más cerca que el expresident sea juzgado en EspañaLa vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, consideró ayer que los electores del PSOE comprenden la reforma del Código Penal que ha llevado a cabo el Gobierno porque “facilita” el regreso a España del expresident Carles Puigdemont para ser juzgado.

En una entrevista en Radio Nacional, dijo que no ha leído en detalle el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero “justamente se facilita la solicitud de vuelta de Puigdemont a España para ser juzgado”. “Eso me parece que es una noticia que la inmensa mayoría de los españoles consideramos como positiva”, aseguró la también ministra de Asuntos Económicos.

El Govern acusa a Llarena de “retorcer” el delito de malversaciónLa consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, criticó ayer que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantenga el procesamiento contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación en su tipo agravado.

“Es retorcimiento del delito”, lamentó. “Nos parece evidente que esto también decaerá y que no podrá aplicar este agravado”, auguró en una entrevista en La 2 y Ràdio 4. Más tajante se mostró la presidenta de Junts, Laura Borràs, que acusó al Estado español de hacer una “desjudicialización selectiva” con la reforma del Código Penal y le acusó de colocar a Puigdemont como un “enemigo público”.