PP y Vox se contradicen sobre la aplicación del protocolo antiaborto en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), volvieron a contradecirse ayer sobre la obligatoriedad de las medidas antiaborto, al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos. Entretanto, arrecian las críticas tanto de los médicos como del Gobierno central y organizaciones feministas. García-Gallardo desató el jueves la polémica al asegurar que los sanitarios de la región “estarán obligados” a ofrecer a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo a escuchar el latido del feto y una ecografía 4D.

Ayer insistió en que, como todos los protocolos, este será “de obligado cumplimiento”, antes de añadir que “todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto”. También dijo que las medidas anunciadas, inspiradas en el Gobierno de ultraderecha húngaro, entraron ayer en vigor, aunque los sanitarios aseguraron que no habían recibido notificación alguna.Sin embargo, Mañueco negó horas más tarde que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que aclaró que no se obligará “a nada” a sanitarios o pacientes. En este sentido, señaló, en una declaración institucional sin preguntas, que las medidas van enfocadas al fomento de la natalidad en una región “con evidentes problemas de despoblación”, pero que vela por “mejorar las prestaciones” para las mujeres.

Dijo ser consciente de que “alterar el orden” existente en materia de atención a los embarazos “puede derivar en coacciones” hacia las mujeres, y aprovechó para mostrar su “estupefacción” ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas –un documento que, por otra parte, dijo no haber recibido–. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer política con las mujeres y le exigió que se centre en modificar la “chapuza” de la ley del ‘solo sí es sí’ “cuanto antes”.El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, dio por zanjada la polémica tras las declaraciones de Mañueco y cargó contra Vox, al que acusó de ser “un chollo para Sánchez”.Entretanto, Moncloa volvió a criticar el protocolo antiaborto. La ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, descartó que el Ejecutivo vaya a aplicar el artículo 155 para intervenir la autonomía en Castilla y León tras la aprobación de este paquete de medidas, tal y como había sugerido Podemos.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, advirtió de que “no tolerarán ni un paso atrás” en el derecho de las mujeres y reclamó a Alberto Núñez Feijóo que detenga las medidas anunciadas por Vox. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avisó a Mañueco que “no tendrá ninguna duda” en recurrir a la vía judicial, y la titular de Igualdad, Irene Montero, tildó de “grave” el hecho de que en España “exista un partido contrario al derecho al aborto”, aunque ve “más grave aún” que “el PP le abra las puertas desde un Gobierno”.

Los médicos advierten que los protocolos los hacen los clínicos

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) advirtió ayer, ante la polémica originada en Castilla y León por las nuevas medidas antiaborto, que “los protocolos clínicos los hacen los clínicos en el marco de un consenso, y no los políticos”, y recordó que no se puede obligar a ningún paciente a hacerse pruebas que no desee.

El presidente del órgano, Tomás Cobo, sostuvo en declaraciones a RTVE que la relación médico paciente es “íntima, de altísima confidencialidad”, e insistió en que “se requiere un consentimiento firmado del paciente” para que este sea sometida a cualquier prueba o tratamiento. La Sección de Ecografía y la de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) aseguró que el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco “debería reconsiderar” las medidas anunciadas “atendiendo a la opinión de los profesionales”, si bien aclaró que por el momento no tienen “constancia directa” de este nuevo procedimiento. Más tajante se mostró la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, que rechazó las nuevas medidas contra el aborto porque “coacciona a las mujeres e incumple la Ley”.Por otra parte, la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), Eva María Martín García, sostuvo que el plan contra el aborto anunciado por Vox puede “salvar vidas” y aseguró que solo establece ofrecer información a las mujeres, pero “no” forzarlas a realizarse una prueba.Por su lado, la Plataforma Feminista de Castilla y León anunció ayer la convocatoria de concentraciones simultáneas para este domingo en los municipios de toda la Comunidad Autónoma, en respuesta al protocolo de atención a mujeres embarazadas.