JUSTICIA "PROCÉS"
Fiscalía pide a Llarena que también procese a Puigdemont por desórdenes agravados
Afirma que el nuevo delito sí que encaja con los hechos del 1-O, y podría suponer penas de hasta 17 años de cárcel para el expresident || El magistrado del Supremo prevé rechazar la propuesta
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo.
Los fiscales del procés recurrieron ayer el auto dictado la semana pasada por el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena, para solicitar que se persiga al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados además de por los de desobediencia y malversación agravada. El magistrado se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra los tres para ajustarse a la reforma del Código Penal que derogó la sedición. Llarena acordó entonces cambiar el desaparecido delito de sedición por el de desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Asimismo, mantuvo la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas. Pese a estar de acuerdo con ese auto, los fiscales del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, señalan en su escrito que en lo único que discrepan con el instructor del procés es en la valoración que hace de los hechos delictivos antes calificados como sedición. Así, sostienen que, tras la reforma impulsada por el Gobierno, los hechos se encuadrarían en el delito “más benigno” de desórdenes públicos agravados.
Señalan que el Supremo consideró probado que durante el 1-O se produjeron “hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden público, como cortes de carreteras o invasión de instalaciones y edificios”. También “actos de intimidación y violencia y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”.Si el magistrado del Supremo atendiera la petición fiscal, Puigdemont podría enfrentarse a hasta 17 años de cárcel –12 de por malversación y 5 por desórdenes públicos–.El recurso solo afectaría al procesamiento de los tres eurodiputados de Junts, puesto que los cuatro fiscales sí que comparten totalmente el criterio del magistrado en relación al exconseller Lluís Puig, procesado por desobediencia y malversación; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien únicamente se le atribuye un delito de desobediencia.Fuentes judiciales citadas por TV3 apuntan a que Llarena rechazará incluir los desórdenes públicos para reclamar a Puigdemont, Comín y Ponsatí. En las próximas horas se esperan los recursos de Puigdemont, Comín y Puig.
El Govern ve la petición como una batalla dentro de la propia justicia
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, intentó poner en valor la reforma del Código Penal acordada entre el Gobierno central y ERC defendiendo que esta ha servido para “limitar el poder represivo” y recordó que no se impulsó “pensando en el caso particular de Carles Puigdemont”. Con todo, Plaja aseveró que para ella la decisión de la Fiscalía al juez Llarena responde más a “una batalla interna entre sectores de justicia”. Puigdemont evitó hacer referencia a la solicitud de la Fiscalía y se centró en alentar la manifestación del jueves contra la cumbre hispanofrancesa en Barcelona.
La petición de la Fiscalía, que fue avalada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lleva a pensar que previsiblemente se pronunciarán de la misma manera en cuanto a los líderes independentistas condenados por sedición, como el exvicepresident Oriol Junqueras, cuya sentencia debe revisar el Supremo.
