La Abogacía del Estado pide también procesar a Puigdemont por desórdenes agravados

La Abogacía del Estado considera, como ya hizo la Fiscalía del Tribunal Supremo, que la reforma del Código Penal que convirtió el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados permite atribuir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont este último tipo penal, además del de malversación agravada y desobediencia. Es por esto que ha presentado un recurso contra el auto emitido por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, para solicitar que incluya los desórdenes públicos agravados como delito “por el que puedan ser enjuiciados los procesados en situación de rebeldía, junto a los de desobediencia y malversación”. A su juicio, la interpretación que hace Llarena al “excluir de pleno” el delito de desórdenes públicos “limita indebidamente” el derecho de las acusaciones –incluido el de la propia Abogacía del Estado– a dirigirse contra Puigdemont por el delito que consideren oportuno.

Asimismo, insiste en que el magistrado “no puede agotar” el abanico de delitos al que las acusaciones pueden recurrir de cara a un eventual juicio. En este sentido, señala también que condiciona la estrategia de defensa y todas las diligencias a partir de ahora, incluyendo las órdenes europeas de detención, ya que en caso de dictarse una orden solo por malversación, después no sería posible un procesamiento por un delito distinto al motivo de la entrega. Además de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí también estaban acusados ??de sedición.A diferencia del instructor, que cree que la supresión del delito de sedición ha dejado en “un contexto cercano a la despenalización” a los líderes independentistas en el extranjero, la abogada del Estado Rosa María Seoane afirma que la reforma penal no equivale a una despenalización de los hechos.

A su parecer, “no existiría óbice” para la aplicación de los nuevos tipos penales en una norma posterior a la comisión de los hechos, “siempre que tales hechos fueran punibles conforme a la normativa penal previa a la reforma, aunque fuera bajo tipos penales distintos” y que “tal operación no tenga como resultado que se aplique una consecuencia punitiva más grave que la prevista”. Así pues, la posición de la Abogacía coincide con la de la Fiscalía, que en su recurso, conocido el martes, afirma que la sentencia del procés recoge “los elementos típicos” del delito de desórdenes agravados, por lo que la exclusión de este tipo penal que hizo Llarena en su auto “no es ajustada a derecho”.El magistrado, sin embargo, tiene intención de rechazar que se incluya el delito de desórdenes públicos agravados en el auto en el que reclama a Puigdemont, Comín y Ponsatí, como adelantó el martes TV3. Con todo, no tomará una decisión oficial hasta que las partes no haya presentado los escritos.

El lunes Ponsatí presentó su recurso, en el que rechaza que se la pueda detener debido a su inmunidad europarlamentaria. El exconseller Lluís Puig, procesado por malversación, presentó el suyo ayer, negando que se desviaran fondos de la conselleria de Cultura que él dirigía para la celebración del 1-O. Se espera que los recursos de Puigdemont, Comín y Marta Rovira, procesada por desobediencia, lleguen en las próximas horas.

El expresident dispara contra ERC por la reforma

El expresident de la Generalitat volvió a lanzar ayer un dardo a ERC cuestionando si el Gobierno español les planteó su “intención” de acelerar su extradición durante las negociaciones para reformar el Código Penal. “Sigo esperando respuesta a la pregunta de si en las largas y poco transparentes reuniones para pactar la reforma del Código Penal, el Gobierno de Pedro Sánchez planteó esta intención a la parte catalana; o si los ‘expertos’ les advirtieron de esa posibilidad”, expresó el expresident en Twitter. Poco antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en una entrevista sobre las modificaciones del Código Penal que “ojalá sirvan para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado y responder ante la justicia en un breve periodo de tiempo”.

Según Montero, la reforma todavía contempla las penas para la malversación y endurece los delitos de corrupción. Además, recordó que los escritos del juez Llarena, así como el de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, atribuyen al expresident el tipo agravado de malversación, que contempla hasta 12 años de cárcel.Por su parte, la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, consideró que los escritos de Fiscalía y la Abogacía, que pide procesarlo también por desórdenes públicos agravados, en contra del criterio del juez instructor, “no se sostiene jurídicamente”. “Son más político que jurídico”, dijo.

El Supremo envía a la Audiencia de Barcelona el caso de Anna Gabriel

El Tribunal Supremo ha enviado la causa contra la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, procesada por un presunto delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), a la Audiencia de Barcelona al considerar que es el órgano competente dado que la dirigente ya no goza de la condición de aforada. Tanto la Fiscalía del Supremo como la propia Gabriel, que volvió en julio a España tras cuatro años viviendo en Suiza, instaron a remitir el caso a Catalunya. El horizonte penal de Gabriel queda ahora así en manos de la Audiencia, que deberá decidir si la envía a juicio o si archiva la causa.

Los cambios en el Código Penal generan bronca en la Eurocámara

El Parlamento Europeo fue ayer escenario de un nuevo choque español a cuenta de la situación del Estado de derecho, un debate auspiciado por el PP en el que afloraron polémicas recientes como la reforma del Código Penal. Así, los populares alertaron del “deterioro institucional” debido a las “cesiones” del Gobierno a los independentistas. Por su parte, los soberanistas cargaron contra “una justicia “que transitó del franquismo a la democracia sin reformas”.Mientras, la Comisión Europea está “analizando” que la reforma de la malversación no se aleje de las reglas de la UE, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere.