El juez envía a juicio a 45 policías nacionales por las cargas del 1-O en Barcelona

El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha concluido la investigación de las actuaciones de la Policía Nacional el 1 de octubre del 2017 en la capital catalana contra el referéndum de independencia. Más de cinco años después de los hechos, ha dejado a punto para ser juzgados a 45 policías nacionales, y archiva las diligencias para 20 más, por las duras cargas en varios centros educativos de la ciudad, que dejaron decenas de heridos. Según el magistrado instructor, los hechos podrían constituir delitos de lesiones, contra la integridad moral e incluso de torturas. La Policía Nacional actuó aquel día en 27 escuelas o institutos de Barcelona, y en todos hubo denuncias, pero no todas han prosperado.

En un largo auto de 69 páginas, el juez desgrana uno a uno todos los centros donde hubo incidentes. En dos de estos centros no hubo incidentes. En otros centros hubo incidentes, pero el juez no ve demostrado, por falta de pruebas, sobre todo audiovisuales, que la policía actuara de forma desproporcionada, según los protocolos, o no se ha podido identificar al autor de los hechos denunciados.

El juez recuerda que los concentrados no tenían que conocer la orden judicial de desalojo. Por eso, en algunos de los centros, el juez dice que la actuación policial fue totalmente "desmesurada" en general y no se siguieron los protocolos. Así, por ejemplo, explica que en algunos casos no se hizo ninguna negociación ni advertencia a los votantes concentrados, se hizo uso de la fuerza de forma "claramente innecesaria" ante la multitud "sin ninguna actitud agresiva" y con personas mayores por el medio. También describe porrazos, de pie y de puño en la cabeza y la cara de votantes ya desalojados con "finalidad únicamente lesiva" o empujones innecesarios. Los centros más afectados son la escuela Mediterránea, de la Barceloneta, el instituto Pau Claris, con la actuación en la escalera, y la escuela Ramon Llull, con decenas de lesionados.

Entre los policías que quedan procesados hay que habrían causado lesiones importantes en la oreja de algún votante, en la cabeza o a personas mayores. Algunos de los jefes del operativo quedan procesados por no haber supervisado la actuación de sus subordinados, o haberles indicado cargas sin advertencia previa.

El magistrado descarta seguir el procedimiento contra nadie por el delito de daños, a causa de los destrozos causados por la policía en las puertas de las escuelas para poder entrar e intervenir las urnas. Según el magistrado, la orden judicial permitía forzar las cerraduras y las puertas para poder entrar. Eso hace que la Generalitat quede apartada como acusación particular por estos daños, como ya pasó hace meses con el Ayuntamiento de Barcelona.

Finalmente, el juez tampoco deja como investigado ningún ciudadano por delito de atentado a la autoridad o desobediencia, y por lo tanto también aparta la acusación particular del Sindicato Profesional de Policía.