La mayoría del TC avala la ley del aborto del 2010
Los magistrados nombran a una nueva ponente después que la propuesta del conservador Arnaldo no haya obtenido apoyos
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles desestimar por mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley del aborto del 2010, y sustituir al ponente de la sentencia, el conservador Enrique Arnaldo, por una nueva ponente, la progresista Inmaculada Montalbán. El TC avanza de esta manera una decisión que ha tardado 13 años en adoptar y que llegará previsiblemente en forma de sentencia en las próximas semanas, casi en paralelo a la aprobación de la nueva ley del aborto en las Cortes españolas.
La nueva mayoría progresista del TC avanza de esta manera en resoluciones que llevaban años en el cajón, en la línea de trabajo que ordenó el nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, que tiene como objetivo emitir sentencias sobre cuestiones retrasadas. El acuerdo implica que el TC ya ha rechazado el recurso de PP y emitirá en las próximas semanas una sentencia que avalará el conjunto de la ley que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley del 2010 establece un modelo de plazos que reconoce el derecho de la mujer a abortar en las primeras 14 semanas de gestación sin tener que dar explicaciones ni tener que cumplir ningún requisito, y hasta la 22 si existe riesgo "grave" para la salud. Abre la puerta a los abortos en menores de 16 y 17 años sin la obligación de disponer del consentimiento a los progenitores, aunque como mínimo uno de los dos tiene que estar informado de la decisión. Este último punto, sin embargo, quedó eliminado a la reforma en que el PP hizo en el 2015, y por lo tanto previsiblemente el TC ya no se pronunciarà. El TC también avala la constitucionalidad del artículo de la ley del 2010 que regula la posibilidad de que los médicos se declaren objetores de conciencia para no practicar abortos.
Una ponencia que ha generado dudas
Los magistrados han adoptado la decisión después de rechazar la ponencia del conservador Enrique Arnaldo. El texto que avalaba a grandes rasgos la constitucionalidad del conjunto de la Ley de Zapatero, pero introducía matices en la manera en que la mujer tiene que ser informada antes del aborto.
La Ley establece como requisito el hecho de que antes de interrumpir el embarazo se informe a las mujeres de los derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad, y exista un plazo de reflexión de como mínimo tres días desde que recibe esta información. Esta comunicación se hacía por escrito, y Arnaldo proponía que se tuviera que hacer de manera verbal.
Nueva Ley del aborto
El TC emite sentencia sobre una ley que está a punto de ser superada por la nueva norma del gobierno de Pedro Sánchez que todavía se encuentra en tramitación en las Cortes. La nueva norma mantiene el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, establece el aborto por causas médicas hasta la semana 22, y elimina este requisito de información para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Además, vuelve a permitir que las mujeres de 16 y 17 años adopten la decisión sin tener que consultar a los padres.
Recusaciones rechazadas
El TC ha emitido sentencia después de rechazar las recusaciones planteadas por los populares contra cuatro de los magistrados del pleno. Los populares querían que el exministro Juan Carlos Campo, el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido, y las magistradas Immaculada Montalbán y Concepción Espejel no participaran de las deliberaciones aduciendo que habían tenido relación previa con la ley del 2010.
En el caso del presidente del TC, porque como fiscal general del Estado fue miembro del Consejo Fiscal que el 2009 avaló la legalidad. En el caso de Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante el mandato de Zapatero, y en los de Montalbán y Espejel porque fueron miembros del Consejo General del Poder Judicial que emitió informes sobre la ley.
Los magistrados ya habían rechazado este martes la recusación de la conservadora Concepción Espejel porque ya "hace más de 12 años" que emitió aquel criterio, y porque aquel informe jurídico no hacía referencia a la ley que finalmente se aprobó en las Cortes. Además, lo justificaba por el hecho de que las tareas preparatorias de aquel informe no supusieron la aprobación de ningún dictamen, y porque su contenido no fue trasladado al gobierno español.
