Guerra entre las defensas del caso Laura Borràs por el pacto de la fiscalía con dos acusados

La defensa de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha pedido en la primera sesión del juicio por supuestas irregularidades en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que se suspenda el procedimiento mientras buscan "pruebas" a las que no hayan tenido acceso las otras dos defensas, porque podrían haber negociado un pacto con la fiscalía. Según la letrada Isabel Elbal, estas negociaciones podrían vulnerar el derecho de defensa de Borràs, porque habrían permitido a la fiscalía acceder a documentos de las tres defensas. Por eso, considera que los otros dos abogados podrían haber cometido una falta deontológica, ya que incluso un informe pericial de la defensa de Isaías Herrero fue pagado a partes iguales por los tres acusados.

La defensa de Borràs, como ya hizo por escrito este jueves, ha pedido intervenir en último lugar, después de las otras dos defensas por si estas han pactado con la fiscalía y así poder defenderse. Las defensas de Herrero y Pujol han lamentado las formas utilizadas por la defensa de Borràs para pedir intervenir en el último turno, al acusarlas de haber buscado un beneficio penal particular en contra de la presidenta del Parlament suspendida. También le han pedido que no los tilde de "coacusadores". El tribunal, por mayoría de dos a uno, ha decidido mantener de momento el orden preestablecido, y la defensa de Borràs, que ha protestado, seguirá siendo la primera en intervenir justo después del ministerio público.

En una dura intervención, Elbal ha remarcado que la fiscal Assumpta Pujol ha dicho que el supuesto pacto "inconfesable ahora mismo" entre el ministerio público y las defensas de Isaías Herrero y Andreu Pujol no está "formalizado" y no lo ha desmentido. Eso, según ella, convierte a los dos otros dos acusados en "coacusadores", cosa que podría vulnerar el derecho de defensa de Borràs. En este sentido, ha dicho que sólo las negociaciones entre fiscalía y defensas ya podría vulnerar su derecho de defensa y, por lo tanto, ha anunciado que piden al colegio de abogados la dispensa para poder revelar las conversaciones confidenciales entre los diversos abogados. Si la comisión deontológica y el decano del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) lo autorizan, la defensa de Borràs podrá revelar estrategias procesales de las otras dos defensas.

La letrada ha explicado que desde hace tres años las tres defensas se han ido reuniendo e intercambiando impresiones y documentación. De hecho, pagaron entre las tres un informe pericial que ha permitido descartar la malversación de fondos públicos. Por eso, sospecha que las conversaciones entre las defensas de Herrero y Pujol con la fiscalía habrían permitido al ministerio fiscal acceder a documentos intercambiados entre los defensores y conocer su estrategia de defensa, cosa que perjudicaría Borràs, ha dicho. De hecho, ha dicho que sólo la existencia de estas conversaciones entre dos defensas y la fiscalía ya hará que la presidenta suspendida del Parlament no tenga un juicio justo, "aunque no se llegue a un acuerdo".

El posible pacto se hizo público martes por la tarde y eso ha hecho que la defensa de Borràs busque desde entonces pruebas a las cuales no hayan tenido acceso las otras dos defensas, ha dicho Elbal. Por eso, ha pedido más tiempo para buscarlas y que el procedimiento se suspenda más allá del 20 de febrero, cuando está previsto reanudar las sesiones. Además, mientras tanto pedirán la dispensa al ICAB. Si se la dan, pedirían el interrogatorio como testigos de dos peritos informáticos que hicieron el informe de las defensas para descartar la malversación y para que expliquen los secretos profesionales de las otras dos defensas.

Por otra parte, Elbal ha dicho que el reglamento del Parlament sólo permite suspender la condición de diputado por delitos de corrupción. Según ella, el juicio por prevaricación y falsedad en documento público no son delitos de corrupción y, por lo tanto, Borràs no tendría que haber sido suspendida como diputada. Aun así, ha pedido anular el procedimiento, ya que desde finales de julio Borràs está suspendida como diputada y presidenta de la cámara catalana y eso haría que hubiera perdido el aforo y, por lo tanto, el TSJC ya no sea el tribunal indicado para juzgarla, sino que tendría que ser un tribunal ordinario. La fiscalía le ha respondido que Borràs está suspendida como diputada, pero sigue siéndolo legalmente y por lo tanto mantiene el aforo.

La letrada también ha reiterado la petición de recusación del presidente del tribunal juzgador y del mismo TSJC, Jesús María Barrientos, por su supuesta falta de imparcialidad. Según Elbal, las declaraciones públicas de Barrientos contra el proceso soberanista lo hacen poco imparcial respecto de Borràs. La abogada ha dicho que no duda de la profesionalidad de Barrientos, pero sí de su capacidad para sobreponerse a su "ánimo" contra los independentistas.

También ha pedido anular varias pruebas como el volcado de varios ordenadores y archivos informáticos y que declare como testigo el exconseller de Cultura Lluís Puig, ahora en el exilio. El TSJC descartó inicialmente Puig al considerarlo "rebelde" a la justicia española, cosa que perjudicaría su credibilidad. Pero Elbal ha recordado que sí que se han aceptado los otros dos consellers de Cultura, como Santi Vila y Ferran Mascarell, y que Puig está a disposición de la justicia belga. Si no se le acaba admitiendo como testigo, ha dicho Elbal, será evidente que se hace por su condición de independentista y como miembro de un "grupo objetivamente identificable", como dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos días. La fiscalía no se ha opuesto a la declaración de Puig por videoconferencia. 

El abogado de Andreu Pujol, Àlex Solà, ha pedido anular todas las diligencias practicadas desde el 15 de mayo del 2018. La causa se había iniciado en un juzgado de Manresa el 15 de noviembre del 2017 contra Herrero, después de descubrir en unas conversaciones suyas las posibles irregularidades a la ILC, a raíz de una investigación previa por falsificación de billetes y tráfico de drogas. La causa se tendría que haber declarado compleja como muy tarde el 15 de mayo del 2018. La fiscalía lo pidió antes, pero el juzgado de Manresa lo dictaminó el 18 de mayo, tres días demasiado tarde. Por eso, Solà cree que sólo se puede juzgar todo aquello investigado hasta el 15 de mayo, cuando todavía ni su cliente ni Laura Borràs estaban investigados. 

La abogada de Herrero, Marina Roig, ha pedido anular ciertas intervenciones telefónicas e informáticas. En su intervención para presentar sus cuestiones previas, la fiscalía ha hecho algunas modificaciones de los hechos descritos en su escrito de acusación. También ha pedido dos pruebas más para contrarrestar algunas peticiones de las defensas. Así, la fiscalía quiere que unos mossos informáticos que tenían que declarar como testigos lo hagan como peritos para verificar la cadena de custodia del material informático intervenido. En el mismo sentido ha pedido aportar documentalmente las actas del volcado informático.