Los presupuestos siguen adelante

El pleno del Parlament rechazó ayer, tras un debate cargado de reproches, las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, Vox, la CUP, Ciutadans y PP al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2023, por lo que las cuentas seguirán con su tramitación parlamentaria. Los cinco vetos fueron rechazados gracias a los votos de ERC, PSC y comuns. Así se tradujo el pacto que el Govern firmó con amabas formaciones para sacar adelante las cuentas, que seguirá su tramitación en comisión, donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales para introduicir cambios.

La votación final está prevista para el próximo 10 de marzo y se espera que los presupuestos se puedan aprobar en un “tiempo récord”. El debate sobre las cuentas, empezó con la consellera de Economía, Natàlia Mas, instando a los grupos parlamentarios a “abandonar posiciones de máximos” y sumarse al acuerdo presupuestario. En este sentido volvió a tender la mano a Junts.

No obstante, su portavoz, Mònica Sales, y cargó contra el Govern tanto por el contenido de las cuentas como por preferir pactar con los comuns y el PSC para apuntalar la legislatura de Pere Aragonès en lugar de priorizar el 52% independentista. “Siempre han dado más prioridad a su partido”, espetó. Ante esto, la portavoz de Esquerra, la leridana Marta Vilalata, acusó a su exsocio en la Generalitat de “hacerles elegir entre la independencia o la justicia social” que, a su parecer, proporcionan los presupuestos.

La CUP cargó también contra el Executiu y acusó a ERC de “atar la legislatura y el futuro de Catalunya” al PSC “más gris, de derechas y españolista de la historia del partido”. Asimismo, acusó al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de “introducir todas las mierdas de la patronal” en el pacto presupuestario, en alusión a los acuerdos para la ampliación del aeropuerto de El Prat, la construcción del Hard Rock y la B-40.Por su parte, Vox, PP y Cs centraron sus críticas en el PSC por dar alas al Govern de Aragonès dando su apoyo a unos presupuestos que “no son buenos para los catalanes ni para la convivencia”. Ante esto, la portavoz de los socialistas, Alícia Romero, respondió que su partido ha demostrado que se puede “gobernar desde la oposición” y apoyar al Executiu cuando sea necesario.

Pero también, reiteró que el acuerdo de presupuestos no “apuntala” la legislatura.Mientras, la líder de los comuns, Jéssica Albiach, pidió a Junts y la CUP que no “se equivoquen de adversario” y les reclamó su apoyo a las cuentas. “Lo que les molesta del pacto con el PSC es que no lo cerraron ustedes”, espetó la dirigente de la formación morada a los juntistas.

La Mesa, a favor de premiar a los jubilados con un años de sueldo

La Mesa del Parlament defendió ayer que se “premie” la labor de los trabajadores de la Cámara con un año de sueldo extra cuando se jubilan, dado su dedicación al trabajo, y aseguró que ya han “endurecido condiciones” del personal y mejorado en transparencia.

En este sentido, recordó que en diciembre de 2021 ya se elevaron las condiciones para acceder al “premio de jubilación”, ya que actualmente es necesario haber trabajado durante 16 años en el Parlament para percibir el privilegio. El Govern ha gastado desde 2018 casi 4 millones de euros en estas primas de jubilación, la mayoría otorgadas a altos cargos de la Cámara y que en ocasiones han llegado a superar los 100.000 euros.

Rechazo a los vetos a la ley de acompañamiento de las cuentas

El pleno del Parlament tumbó ayer las enmiendas a la totalidad de Junts, Vox, CUP, Cs y PPC al proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, conocida como ley de acompañamiento a las cuentas, por lo que podrá seguir su tramitación parlamentaria junto con el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de 2023.

Al igual que con las cuentas, los vetos a la ley fueron tumbados gracias a los votos de ERC, PSC y comuns. Entre otras cosas, la ley incorpora algunas modificaciones de los tributos cedidos para impulsar el emprendimiento o la actividad empresariales. Así como reducciones de gravamenes para los colectivos más vulnerables.