Un empresario israelí se atribuye ahora el ciberataque a la Generalitat durante el 9-N

Un empresario israelí llamado Tal Hanan y que trabaja para los servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales internacionales se ha atribuido la autoría de un ciberataque que la Generalitat sufrió durante la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Así lo acredita una investigación llevada a cabo por la organización de periodistas Forbiden Stories, en la que participan, entre otros, el diario español El País, el americano The Washington Post, el francés Le Monde o el británico The Guardian. Hanan, un experto en tecnología de 50 años, exhibió el éxito del ciberataque contra las páginas web del Govern de la Generalitat durante varias reuniones para captar nuevos clientes para su empresa.

En estos encuentros presumía que su compañía ha participado en 33 campañas y que ofrecen “desinformación” a gobiernos, candidatos o empresas. En este sentido, según informa El País, llegó a atribuirse la filtración de documentos sobre unos supuestos vínculos entre el independentismo catalán y el Estado Islámico.El empresario, que es subcomandante del Ejército israelí, está vinculado a la consultoría británica Cambridge Analytica, acusada de utilizar a millones de usuarios de Facebook para influir en la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016.El periodista de El País que participó en esta investigación, Joaquín Gil, aseguró ayer durante una entrevista en TV3, que, pese a ofrecer información sobre sus numerosos trabajos, el empresario israelí nunca desveló quien contrataba estos servicios. Asimismo, aseguró tener constancia de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han asistido a conferencias ofrecidas por Hanan.

El ciberataque sufrido por la Generalitat durante el 2014 duró unos tres días. En este periodo se atacaron páginas relacionas con la consulta independentista, como la de participa2014.cat pero también afectaron al servicio de emergencias médicas y las recetas electrónicas, al gestor de requerimientos de los Mossos y al portal e-justicia, entre otros.

Reabren un caso por gastos del Diplocat ligados a la consultaEl presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó ayer aclarar en la mayor brevedad posible el ciberataque perpetrado en 9-N contra las webs del Govern por “dignidad y justicia”.

El president aseguró que esta agresión tenía el objetivo de “paralizar” Catalunya y “frenar la fuerza imparable de los ciudadanos” con “estrategias fuera de las normas democráticas”. Por su parte, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, explicó que desde el Executiu se están estudiando qué acciones legales se pueden emprender contra el empresario israelí que se ha atribuido el ciberataque por su “intromisión ilegítima a los sistemas informáticos de la Generalitat”. En esta línea, el que fuera president cuando ocurrió el ataque, Artur Mas, urgió al Estado a promover una investigación para saber quién lo encargó.

“Hay que saber si también en este caso algún organismo del Estado o vinculado a él tuvo algún tipo de participación en acciones que, bajo cualquier prisma, se pueden considerar delictivas”, aseveró. En su opinión, hay demasiadas evidencias, como el Catalangate o la Operación Catalunya de “prácticas del Estado impropias de un estado de derecho”. Por su parte, Joana Ortega, que era vicepresidenta en 2014, se negó a “especular” sobre la autoría, pero aseguró que “es obvio” que con el ataque lo que se pretendía era que “la consulta del 9 de noviembre no tuviera resultado”.Por su parte, desde Interior, según aseguró el diario El País, se negó la vinculación del ministerio o de ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado con el empresario israelí que se ha atribuido el ataque.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se vuelva a investigar al exsecretario general del Diplocat Albert Royo por gastos vinculados a la internacionalización de la consulta del 9-N. El tribunal ha aceptado el recurso que presentó la Fiscalía contra la decisión el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, ??que en noviembre de 2021 decidió el sobreseimiento parcial de la causa. El auto pide ahora que sí se investiguen las partidas relaciones con el viaje a Catalunya de ocho parlamentarios europeos como observadores del 9-N y por la producción de una veintena de vídeos promocionales de la consulta.