Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y seis para Salvadó por malversación por el 1-O

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové, seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y un año de inhabilitación para la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del referéndum del 1 de octubre. A Jové y a Salvadó los acusa de malversación agravada, además de prevaricación y desobediencia, mientras que a Garriga, que era directora de Serveis, se le atribuye solo este último. Los tres fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum del 20 de septiembre de 2017.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Ministerio Público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro. De esa forma, Jové, quien fue exsecretario de Vicepresidencia con Oriol Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros.Según sostiene la acusación pública en su escrito, los tres, altos cargos del Govern en 2015, estaban “plenamente comprometidos con el programa electoral” con el que Junts pel sí ganó las elecciones, cuya hoja de ruta “iba directamente dirigida a la final declaración de independencia y apertura de un proceso constituyente”, a través de “las denominadas estructuras de Estado”. En este sentido, afirma que Jové jugó un papel destacado puesto que formaba parte del “comité ejecutivo” que debía desplegar el “plan estratégico para la independencia” y lideró la negociación con la CUP para organizar un referéndum de autodeterminación “vinculante”–encuentros que detalló en una agenda Moneskine intervenida en 2017–.

Paralelamente, asegura redactó el documento EnfoCATs, una propuesta que apostaba por la vía unilateral para lograr un “conflicto democrático” que forzara al Estado a aceptar una negociación para independizarse o un “referéndum forzado”. Una vez aprobado el referéndum, sostiene el Ministerio Público, se reestructuraron las competencias de los departamentos de la Generalitat, de forma que “toda la actividad de preparación y ejecución pasó a ser controlada” por Jové, incluidos los recursos económicos necesarios. Asimismo, defiende que pese a que el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum, el republicano “a sabiendas de su ilicitud” contrató diversos servicios a cargo de fondos públicos para llevar a cabo la votación.

Por su parte, a Salvadó le atribuye su destacado papel en el desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya.En el caso de Garriga, el escrito subraya que, entre otras gestiones, “ejerció de enlace entre Jové y una funcionaria del departamento para disponer de los locales necesarios donde almacenar el material electoral y participó en la adjudicación de varios contratos menores”.

Los encausados cargan contra el Estado por este nuevo “golpe judicial”

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, cargó ayer contra el sistema judicial español por pedirle siete años de cárcel por la organización de 1-O. “¡Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad!”, señaló.

Por su parte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, afirmó desde Lleida que la petición de penas del Ministerio Fiscal “no ha sido ninguna sorpresa”. Así, lamentó que “la noticia es que no es noticia porque la justicia no imparte justicia sino que sigue haciendo política”. La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, denunció este nuevo “golpe judicial” contra el independentismo y apostó por seguir avanzando hacia la “desjudialización” con medidas como la reforma del Código Penal.

En esta línea, el president Pere Aragonès, acusó a la Fiscalía de “actuar por venganza”.Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, apostó por “fortalecer la unidad independentista” para poder hacer frente a la “represión”. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sostuvo que el escrito de acusación de la Fiscalía es “una prueba más” de que los hechos que se produjeron en Catalunya en 2017 siguen siendo delito a día de hoy, pese a la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. El PSC pidió “separar” pactos políticos, como el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat, de procesos judiciales y defendió la reforma del Código Penal afirmando que las leyes “siempre son interpretables en un contexto determinado”.