Borràs señala a sus subordinados y niega un “contrato encubierto”

La líder de Junts y presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, aseguró ayer que todos los contratos menores que hizo la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) relativos a las labores que desempeñaba el informático Isaías Herrero fueron tramitados sin ninguna objeción por los responsables administrativos del organismo y aceptados por los interventores del departamento de Cultura. “No hay fraccionamiento y no se ha vulnerado la ley de contratos”, dijo durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el juicio en el que está acusada de fraccionar 18 contratos para adjudicarlos a dedo. Borràs, que solo respondió a las preguntas de su defensa, dijo que cuando el exconseller de Cultura Ferran Mascarell le propuso dirigir la ILC, le advirtió de recortes presupuestarios y le pidió que impulsara la digitalización del organismo.

También dijo que, a causa del retraso en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, podía contratar a proveedores externos. Entonces pensó en Herrero, al que definió como un “artista digital, premiado y reconocido”. “Necesitaba su pericia para un proyecto digital”, dijo, antes de asegurar que este era más barato y rápido que el CTTI.

También afirmó que Assumpta Pagespetit, jefa de administración de la ILC y que la semana pasada testificó contra ella, asistía a todas las reuniones de la junta de gobierno y, dijo, nunca se opuso a las contrataciones de Herrero. “Yo les explicaba los proyectos y ellos tramitaban los expedientes, Pagespetit hace los expedientes de diez”, añadió. Tras insistir en negar que hiciera un “contrato encubierto” a Herrero cuando presidía la ILC, la presidenta de Junts denunció que ha sufrido una “persecución política”.

“Ni en el más remoto de mis sueños habría podido imaginar que sería investigada por delitos que no he cometido”, lamentó.Además de Borràs, también declararon los peritos de la Fiscalía y los de la defensa, que confrontaron sobre la custodia de las pruebas contra la presidenta de Junts. Mientras los técnicos de la Guardia Civil defendieron que los correos y archivos fueron recogidos y analizados correctamente, los peritos de Borràs –entre ellos Luis Enrique Hellín, un exmilitante de ultraderecha condenado por el asesinato de una activista en 1980– aseguraron que estos podrían haber sido manipulados para incriminarla.