El Supremo eleva hasta los 28 años las penas a la 'manada de Sabadell'

El Tribunal Supremo (TS) acordó ayer elevar las penas de prisión de los tres integrantes de la ‘manada de Sabadell’ condenados por la violación en grupo a una joven de 18 años en 2019 por el “efecto intimidatorio” que ejercieron sobre la víctima. Considera este factor como agravante en la agresión y pone de manifiesto que no se debe considerar su participación en categoría de cooperación necesaria, sino de complicidad. De este modo, y tras estimar el recurso de la Fiscalía, el Alto Tribunal catalán ratificó que los implicados son responsables del delito de agresións sexual que cometieron individualmente y dictaminó que la condena de dos de ellos pase de 13 años y medio de prisión a 24.

En el caso del tercero, la pena se eleva de los 22 a los 28 años. Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de febrero de 2019, cuando uno de los acusados se acercó a la víctima cuando esta salía de una discoteca. Un hombre agarró a la joven –que entonces tenía 18 años– por el cuello, la puso contra la pared y la agredió sexualmente.

Después la llevó a una nave industrial, donde estaban el resto de condenados –todos de entre 25 y 30 años–, que la violaron repetidas veces, hasta que sobre las 07.30 horas la víctima consiguió escapar y pidió ayuda a unos vecinos que salían de su garaje. Además de los tres, estarían implicados dos hombres más que no han sido juzgados, ya que uno ha huido y el otro no ha podido ser identificado.En 2021, la Audiencia Provincial de Barcelona había condenado hasta a 31 años de prisión a tres de los cuatro enjuiciados por las tres agresiones sexuales, aunque después el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó parcialmente el recurso de un condenado y rebajó la condena.En otro orden de cosas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, admitió que “no hay avances en las negociaciones” con el PSOE para renovar la ley del ‘sí es sí’. También advirtió de que el “dato en bruto” sobre la rebaja de penas a agresores sexuales en aplicación de la norma genera “alarma” en la ciudadanía, por lo que instó al Consejo General del Poder Judicial a facilitar los datos completos “en aras de la tranquilidad”.