El Congreso reactiva la investigación sobre la 'Operación Catalunya'

La Mesa del Congreso reactivó ayer la comisión de investigación de la denominada como “Operación Catalunya” que el pleno de la Cámara Baja aprobó crear en septiembre, pero que hasta día de ayer había quedado en stand by por la falta de voluntad de los grupos parlamentarios para sacarlo adelante. La reactivación se aprobó gracias a los votos a favor de PSOE y Podemos, mientras que PP y Vox se posicionaron en contra. El acuerdo da también a los partidos hasta el día 21 para que designen a sus representantes.

Superado este trámite, los grupos deberán reunirse, constituir la mesa, nombrar a un presidente y elaborar un plan de trabajo con una agenda de comparecencias. La comisión tiene la misión de investigar las “presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, así como su relación con posibles entramados privados o lobbies de presión, la posible intromisión en la soberanía de otros países y las conexiones de esta trama con la “Operación Catalunya”. También la presunta intromisión en la soberanía del Principat d’Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como los supuestos entramados parapoliciales en el marco de esa operación.La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, calificó esta trama como uno de los casos de corrupción política más graves de la democracia y recriminó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el exministro Jorge Fernández Díaz, presuntamente involucrado en la misma, siga siendo militante del partido.Por su parte, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, mostró su deseo de que la comisión de investigación sirva para “aclarar y poner luz y que todos los implicados en las cloacas del Estado paguen y respondan por sus actos”.

Con todo, afirmó que desde el Govern catalán no se confía en que la comisión acabe esclareciendo los hechos.

Utilizó la trama para cumplir con encargos particulares pagados por hombres de negocios

En otro orden de cosas, según publicó La Vanguardia, el ministerio de Interior que dirigía Fernández Díaz activó esta operación un día después de la masiva manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012. A partir de ahí se puso en marcha la maquinaria que implicó también a la cúpula policial, dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo, que usó este entramado, además de para extorsionar a empresario o personajes afines al independentismo, para cumplir con encargos particulares pagados por empresarios, como es el caso de la constructora Susana Monje.