Llarena confirma el procesamiento de Puigdemont por malversación

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, confirmó ayer el procesamiento del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, todos en el exilio, por los delitos de malversación agravada –castigado con penas de hasta 12 años de cárcel– y desobediencia, que no comporta penas de prisión, pero sí inhabilitación. A la exconsellera Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, las procesa por desobediencia, tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Desestimó todos los recursos de reforma planteados contra su auto del 12 de enero y rechazó la posibilidad de incluir el delito de desórdenes públicos agravados, como habían pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado, porque cree que no encaja en los hechos investigados y juzgados.

Ante el alegato de las defensas de Puigdemont y Comín, que argumentaban que las órdenes de busca y captura contradicen su inmunidad como europarlamentarios, el juez recordó que, como la orden de procesamiento fue en 2018 y ellos fueron obtuvieron la inmunidad como eurodiputados en junio de 2019, no es necesario un suplicatorio. En su nueva interlocutoria, Llarena plantea que Puigdemont pueda asistir a la Eurocámara en un futuro si se entregara a la justicia española. Sin embargo, el expresident ha descartado este escenario.

El escrito todavía no es definitivo y la defensa de Puigdemont ya ha anunciado que lo recurrirá. El TS no emitirá ninguna euroorden hasta que haya una decisión definitiva y hasta que la justicia europea resuelva la cuestión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Por otra parte, el Tribunal de Apelación de Sassari, en Italia, ha archivado el caso de la euroorden contra Puigdemont que provocó su detención en el Alguer el 24 de septiembre de 2021.

Asegura que el Abogado General italiano le notificó el 7 de marzo que el Supremo había retirado la euroorden contra el expresident y, en consecuencia, “no existía ningún delito en base al cual ejecutar la euroorden”.

Fiscalía pide al Supremo repetir el juicio a la Mesa de Torrent

La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo que anule el juicio contra la Mesa del Parlament de Roger Torrent, que quedó absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del delito de desobediencia y se vuelva a repetir con otros magistrados, al afirmar que el fallo es “arbitrario” y “alejado de la realidad”. El TSJC absolvió a Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado al considerar que no querían desobedecer al Tribunal Constitucional cuando admitieron a trámite dos resoluciones.En otro orden de cosas, la Abogacía del Estado pidió tres años y medio de prisión y 7 de inhabilitación para el diputado de ERC Josep Maria Jové por la organización del referéndum del 1-O, pero no acusó al republicano Lluís Salvadó.

Para la consellera Natàlia Garriga solicitó un año de inhabilitación.