POLÍTICA ?PROCÉS?
Serret dice que seguirá en política aunque sea inhabilitada por el 1-O
Borràs acusa a Rovira de querer reescribir lo que ocurrió en 2017 en Catalunya
La consellera de Acción Exterior, la leridana Meritxell Serret, dio ayer por descontado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la puede inhabilitar por presunta desobediencia en el 1-O. “No doy las batallas por perdidas. Pero hoy no lo descarto y me mentalizo”, explicó en una entrevista en RTVE, en la que avanzó que seguirá en política.
El alto tribunal catalán la juzgará mañana. Se enfrenta a una petición de condena de un año de inhabilitación, y la Fiscalía también pide una multa de 12.000 euros. “Lo afronto con la conciencia muy tranquila”, dijo, antes de asegurar que, pese a plantearse “nuevas etapas” si es inhabilitada, seguirá defendiendo el proyecto independentista porque “la política se puede hacer de muchas maneras y desde muchos ámbitos”.Serret defendió que su regreso a Catalunya “no perjudica a las otras causas”, argumentando que su caso era “muy específico”.
Según dijo, no le enviaron más euroórdenes después de la sentencia del 1-O. Por otra parte, la portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, defendió la “autocrítica” de su formación sobre el 1-O y acusó a Junts de quedarse “enrocado en el pasado”. Estas declaraciones llegan después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, acusara a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de tener “demasiada intención” de reescribir lo que ocurrió en 2017.
La republicana había lamentado el sábado que el 1-O “no tuvo suficiente legitimidad interna y tampoco suficiente legitimidad internacional”. Rovira lamentó ayer que hay “facciones del independentismo negando la realidad” desde hace “demasiado tiempo”. Vilalta también criticó que PSC y Junts hayan presentado iniciativas para reprobar al titular de Derechos Sociales, Carles Campuzano.
En un acto en Santa Coloma de Gramenet junto al candidato de ERC a la alcaldía, Gabriel Rufián, el conseller habló sobre la construcción de una residencia en la ciudad, algo que socialistas y juntistas tildaron de electoralista.