Serret defiende delante del TSJC que obedeció el 'mandato' del Parlament sobre el 1-O

La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha asegurado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que como miembro del Govern Puigdemont del 2015 al 2017 "ponderó" el equilibrio entre el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) y el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament. En un discurso de diez minutos en el juicio por desobediencia, la exconsellera de Agricultura ha dicho que "el 1-O no fue delito, votar no es delito". La fiscalía le pide un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa. Serret se exilió inicialmente en Bélgica, pero se personó en marzo del 2021 ante el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que derivó la causa al TSJC.

En su turno de interrogatorio, la consellera ha dicho que no respondería ninguna pregunta, ni siquiera las de su letrado, pero que quería hacer una declaración. El tribunal le ha dicho que lo podría hacer en su último turno de palabra, pero su abogado ha protestado. Finalmente, después de una breve discusión con el tribunal, el letrado le ha preguntado únicamente a Serret cuál fue la actuación en el Govern en relación al 1-O, y Serret, desde el lado mismo de Iruín y no desde el centro de la sala cómo es habitual, ha pronunciado un discurso de diez minutos mientras leía algunos apuntes.

Serret ha explicado que actualmente sigue manteniendo la convicción de que el derecho a la autodeterminación de Cataluña es un derecho político y una ideología que tiene que poder defender libremente y ganar democráticamente, ya que es un derecho ampliamente defendido por una mayoría social del país, ha dicho. Como miembro de un Govern surgido de un Parlament con mayoría independentista y con programas electorales muy claros y no impugnados, Serret ha relatado que tuvo que sopesar y hacer un juicio de ponderación entre el mandato parlamentario de hacer un referéndum de independencia y cumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional. Además, también tuvieron presente otros elementos como el hecho que organizar un referéndum ilegal no es un delito penal, que hacer un referéndum "no vulnera derechos de nadie", que los únicos requerimientos del TC eran por los decretos de convocatoria del referéndum, y que hay voces internacionales que el derecho a la libertad de expresión y de opinión incluye el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Según Serret, el conflicto de Cataluña y España es un "conflicto político de raíces democráticas", que vivió una "escalada" a raíz de la sentencia del TC contra el Estatuto del 2010, que "menospreció la vía pactada para mejorar el autogobierno, la legitimidad del legislativo y el catalán, la soberanía de Cataluña, y la vía política para dirimir estas cuestiones".

Aun así, ha sostenido que el conflicto "sólo se puede resolver con una negociación democrática y política". Por eso, ha criticado que "el Estado lo ha querido traer a los tribunales, se ha querido criminalizar, se ha ido en contra de la resolución del conflicto, y se ha anulado la vía política impidiendo el debate político en el Parlament".

En conclusión, ha dicho que ella quiso ser "leal" a la mayoría parlamentaria y el "mandato democrático" porque "el 1-O no fue delito, votar no es delito, y el proyecto independentista y republicano es legítimo". "Tengo derecho a defenderlo políticamente y ganarlo democráticamente", ha concluído.

Las acusaciones

El ministerio público la acusa de haber aprobado el presupuesto en marzo del 2017 que preveía partidas para el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum a pesar de recibir las advertencias del Tribunal Constitucional. En su escrito de acusación, la fiscal Neus Pujal asegura que al menos desde noviembre del 2015 el Govern y el Parlament de Catalunya y las entidades independentistas iniciaron el proceso soberanista con funciones diferenciadas y el objetivo común de conseguir la independencia de Cataluña.

Respecto del papel concreto de Serret, la fiscal recuerda que Serret fue consellera de Agricultura desde finales de enero del 2016 y hasta que se aplicó el artículo 155 de la Constitución a finales de octubre del 2017. Así, participó en las reuniones del Consejo Ejecutivo que aprobaron los presupuestos de la Generalitat para el 2017. Según el ministerio fiscal, algunas partidas se previeron para el referéndum de independencia y el Tribunal Constitucional suspendió la vigencia y lo notificó a todos los consellers a fin de que no hicieran ningún gasto derivado de estas partidas suspendidas. Además, "esta advertencia le fue formulada en términos idénticos en varias ocasiones con motivo de la suspensión y declaración de inconstitucionalidad de diferentes leyes, decretos y resoluciones parlamentarias".

El escrito también recuerda que Serret estuvo presente en el anuncio oficial, a primeros de verano del 2017, de la fecha y la pregunta del referéndum. Igualmente, la fiscal recuerda que algunos consellers y altos cargos del Govern, como Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Baiget y Albert Batlle, fueron sustituidos aquel mismo verano por sus reticencias al referéndum no autorizado por el Estado.

Por último, Serret, igual que el resto de miembros del Govern de Junts pell Sí encabezado por Carles Puigdemont, firmó el 6 de septiembre del 2017 el decreto de convocatoria del referéndum "con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa". El TC notificó a Serret y al resto del Govern la suspensión de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Por todo eso, la fiscalía acusa a Serret de desobediencia grave.

Antes de la declaración de Serret, la fiscalía ha enumerado los numerosos documentos procedentes del juicio en el Supremo para el 1-O que quiere que se aporten específicamente en este juicio. Se da la circunstancia de que la fiscal del caso, Neus Pujal, iba a intervenir en catalán, pero el abogado de Serret, de origen vasco, ha pedido que lo hiciera en castellano porque no comprende bien la lengua catalana.

Al inicio de su informe final, la fiscal ha dicho que ella no haría "electoralismo", como cree que ha hecho Serret en su discurso, y ha negado que las acusaciones persigan ideas políticas o el derecho de voto. "No acusamos a ningún votante del 1-O", ha recordado, sino a "la actitud reiterada, abierta y obstinada contra los requerimientos del TC". Así, ha dicho que aunque convocar un referéndum no sea ilegal, hacerlo cuando ha sido prohibido por el TC sí que es un delito de desobediencia. "No es delito acercarse a alguien, sino acercarse si un tribunal lo ha prohibido", ha ejemplarizado. En referencia al juicio de "ponderación" que habría hecho Serret entre el mandato del Parlament y los requerimientos del TC, la fiscal ha dicho que si todos los ciudadanos "ponderaran internamente" las decisiones judiciales, "sería un caos, se volvería a un periodo anterior al contrato social".

Las tres acusaciones han recordado que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs fueron condenados por el Tribunal Supremo sólo por desobediencia, como creen que tendría que ser el caso de Serret. La defensa de Serret ha dicho que la consellera hizo una ponderación entre varios mandatos como el democrático, el parlamentario, el legal o el constitucional, y que hubo un choque entre los diversos 'demos' que tienen soberanía.

Al inicio del juicio el abogado de Serret, Íñigo Iruín, ha pedido que la consellera se pudiera sentar a su lado y que declarara en el último lugar de toda la prueba, aunque no hay testigos. El tribunal lo ha aceptado. En cambio, los magistrados no han aceptado inicialmente y han pospuesto la decisión a la sentencia, que la Abogacía del Estado sea excluida del procedimiento, como pedía la defensa. Según Iruín, la Abogacía del Estado no está legitimada para intervenir en el proceso y su participación en el juicio vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone una infracción del principio de igualdad de armas. La defensa de Serret considera que la Abogacía no puede acusar por desobediencia, ya que eso no afecta a la hacienda pública.

La Abogacía del Estado, la fiscalía y la acusación popular de Vox han rechazado la pretensión de la defensa, alegando que el Estado se sintió perjudicado por la acción del Govern Puigdemont, del cual formaba parte Serret, y que este juicio deriva de lo que se hizo al Tribunal Supremo contra la mayoría de miembros del Govern, donde estaban las mismas tres acusaciones que ahora en el TSJC. Los magistrados decidirán en sentencia, cosa que ha provocado la protesta de la defensa.

Serret no ha hecho uso de su derecho al último turno de palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia.