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JUSTICIA TRIBUNALES

El TSJC condena a Borràs a 4 años y medio por fraccionar contratos, pero pide indultarla

Parcialmente, para evitar que entre en prisión al considerar “excesiva” la condena, y la inhabilita 13 años || La líder de Junts enmarca su caso en la “represión política” y denuncia un “juicio injusto”

Borràs acompañada de miembros de Junts en su comparecencia tras conocer la sentencia.

Borràs acompañada de miembros de Junts en su comparecencia tras conocer la sentencia.EUROPA PRESS

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación, además de a una multa de 36.000 euros, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Sin embargo, el propio tribunal propone un indulto parcial para Borrás que rebaje la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y que cuenta con un voto particular que propone condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión al no apreciar falsedad documental directa, destaca que la pena de prisión que impone la sala “resulta desproporcionada y excesiva” para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament.

Así precisa que las “concretas actividades falsarias” que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un “lucro personal” y por eso el tribunal eleva al Gobierno central una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión.El beneficiario de los contratos, Isaías H., y el otro acusado, Andreu P., que pactaron con la Fiscalía, han quedado absueltos de prevaricación y han sido condenados por falsedad documental a dos años y un año y medio de cárcel, respectivamente.El tribunal considera así probado que, eludiendo las exigencias de la contratación pública, Borràs adjudicó a su amigo Isaías H. los trabajos de elaboración y mantenimiento de la web de la ILC mediante contratos menores, pese a que ello exigía “fraccionar” los proyectos.La líder de Junts, que tildó su condena de “aberración judicial”, volvió a defender su inocencia y denunció haber sufrido un “juicio injusto”. En una declaración pública y rodeada de un centenar de personas que le mostraron su apoyo, Borràs enmarcó esta causa en la “represión política” y afirmó que no hubiera sido condenada si “no fuera quien soy”.

Asimismo, afirmó que “seguirá luchando contra las injusticias y por la independencia”.

El Parlament no retirará el escaño sin sentencia firme, pero la JEC puede ordenarlo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, desvinculó de la “represión” independentista la sentencia condenatoria de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, y pidió poner fin a la interinidad de la Cámara, mientras que Junts cerró filas con su presidenta denunciando que se trata de un caso “lawfare (guerra judicial) de manual”. En una declaración para valorar la sentencia del Superior de Justicia, el jefe del Executiu, que pidió a Borràs que “tome la decisión más adecuada para preservan la honorabilidad del Parlament”, instó a los grupos parlamentarios a “encontrar en breve las fórmulas” para renovar su presidencia y, de este modo, hacer funcionar “con normalidad” la institución. Para Aragonès, los hechos probados “son graves” y “atentan contra la buena administración de caudales públicos” y nada tiene que ver con la “represión al independentismo”.Esta no es una opinión compartida por Junts, que cerró filas con Borràs y esquivó el debate sobre su futuro al frente del partido, afirmando que es un caso de “persecución policial”.

En este sentido, el secretario general, Jordi Turull, aseguró también que batallarán por su escaño. La sentencia condenatoria de Borràs, sin duda, sacudirá el panorama político. De forma inmediata, el Parlament no tomará ninguna decisión, ya que el reglamento establece que solo se pierde el escaño en caso de sentencia firme.

Con todo, los partidos podrían pedir a la Junta Electoral Central, como Vox tiene previsto hacer, la suspensión de su acta. Esto dejaría vacante la presidencia de la Mesa, y se debería llegar a un acuerdo para nombrar a su sustituta, lo que obligaría a ERC y Junts a ponerse de acuerdo si quieren que siga en manos independentistas.

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