Los propietarios del BPA denuncian presiones del Gobierno de Rajoy

Los antiguos máximos accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramon Cierco, aseguraron ayer durante su declaración como testigos en el juicio de la causa general del denominado “caso BPA”, por blanqueo de capitales, que fueron víctimas de la denominada “operación Catalunya” y que recibieron presiones por parte de la policía española para obtener información sobre las cuentas de políticos catalanes. La directiva del BPA siempre ha situado el inicio de la causa que llevó a la intervención de la entidad en marzo de 2015 en un encuentro entre el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con autoridades del Principat. Según su versión, a partir de ese momento empezó la intimidación al Gobierno andorrano para ejecutar la intervención de la entidad.

Todo después de que la entidad y algunos de sus responsables fueran víctimas de diversos ataques por parte de la policía española para obtener información sobre supuestas cuentas bancarias de políticos independentistas como Oriol Junqueras, Artur Mas o Jordi Pujol. La negativa del BPA a ofrecérsela, cuentan los hermanos Cierco, forzó la intervención de la entidad con el objetivo de acceder a la información.Oficialmente, la entidad fue intervenida a raíz de la acusación de una agencia del Tesoro de Estados Unidos, que atribuía al banco el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela o China.En junio del año pasado, atendiendo varias denuncias interpuestas, entre otros, por Higinio Cierco, el Juzgado de Instrucción 2 del Principat, decidió imputar, entre otros, a Rajoy, a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y a la cúpula del ministerio del Interior por delitos de coacciones y falsedad documental por las supuestas maniobras ilegales que llevaron a cabo para obtener informaciones bancarias. Todo ellos están citados a declarar ante la jueza.

Con respecto al caso de evasión fiscal, los hermanos Cierco aseguraron que en 2011 optaron por cortar la operativa con evasores fiscales españoles para poder operar sin problemas en España a través de su filial, Banco Madrid. Asimismo, explicaron que el consejo de administración ejercía funciones de control y validaba las grandes líneas estratégicas en general.