POLÍTICA JUSTICIA
La Junta Electoral deja al Parlament la decisión sobre el acta de Borràs
Da diez días a la Mesa para que decida si la cesa o la mantiene como diputada|| La administración electoral recuerda, no obstante, que tiene potestad para sustituirla
La JEC recuerda el caso análogo de la retirada del escaño del expresident Torra, en la foto con Borràs.
La Junta Electoral Central (JEC) emplazó ayer a la presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés, a que en un plazo de diez días tome una decisión sobre la retirada o no del escaño a la presidenta suspendida Laura Borràs tras haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a 4,5 años de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo. Aunque la sentencia todavía no es firme, el PP, Vox y Cs pidieron que se le retirara el escaño ya que una condena por delitos contra la administración pública es “causa de inelegibilidad sobrevenida”, según la Ley Electoral. En la resolución dictada ayer, el árbitro electoral confirma este punto, alegando que “la inelegibilidad supone incompatibilidad para continuar en el cargo”, y recuerda que esta doctrina fue sentada por el Tribunal Supremo en una sentencia en 2021 en la que confirmó la decisión de la JEC de retirarle el escaño al expresident Quim Torra tras haber sido condenado a inhabilitación por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos en periodo electoral.
Esto se repitió también el año pasado, cuando la Junta Electoral Central apoyó quitar el escaño al exdiputado de la CUP Pau Juvillà tras su condena de seis meses de inhabilitación por no retirar unos lazos amarillos de la Paeria, sin sentencia firme. En todo caso, recuerda a la Cámara catalana que aplicar esta inelegibilidad sobrevenida “no es una competencia exclusiva” del Parlament, sino que puede ejecutarla de oficio la administración electoral, ya sea por su “inactividad” o “por cualquier otra razón”. Bastaría con expedir la credencial de diputado al siguiente de la lista de Junts.
Se calcula que el organismo arbitral, compuesto por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco juristas nombrados por el Congreso, adoptará una decisión sobre el futuro de Borràs dentro de unas dos semanas, ya con las respuestas que puedan haber enviado el Parlment y la afectada.De momento, Borràs ha recurrido ante el Supremo su condena alegando que se le han vulnerado una decena de derechos constitucionales, entre ellos los de intimidad, secreto de comunicaciones y representación política.
