La consellera Serret, condenada a un año de inhabilitación por desobediencia el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó ayer a la consellera de Acción Exterior, la leridana Meritxell Serret, a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por un delito de desobediencia por la organización del 1-O. La sentencia, que no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, se alinea con la petición de Fiscalía, que había acusado a Serret de haber aprobado los presupuestos en marzo de 2017 que preveían partidas para el referéndum y haber firmado el decreto de convocatoria del mismo a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). El Alto Tribunal catalán esgrime que la propia Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito que se le imputa en el juicio contra ella que se celebró en marzo, cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a afirmar que actuó siguiendo sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Considera que, “ante el juicio ponderativo de respetar los requerimientos del TC o el mandato democrático, se inclinó abiertamente por este último”.En esta línea, el TSJC ve probado que la consellera era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del TC que impedían seguir adelante con el referéndum, pero afirmó que los ignoró “de forma consciente”. Por otra parte, la sala descartó aplicarle una atenuante o eximente de la pena. Sostuvo que “resulta impensable” que Serret, con su “elevada formación” –es licenciada en Ciencias Políticas– y “experiencia profesional” no supiera que se estaba vulnerando los requerimientos del Constitucional de forma “flagrante y palmaria”.La exconsellera de Agricultura y actual titular de Acción Exterior fue la primera exiliada por el 1-O que decidió regresar a Catalunya en marzo de 2021, después de haber pasado tres años y medio en Bélgica.

Por aquel entonces, la leridana estaba procesada por los delitos de desobediencia y malversación. A diferencia del primero, el segundo comporta penas de prisión. Sin embargo, las acusaciones –Fiscalía, Vox y la Abogacía del Estado– aceptaron en febrero la interlocutoria del juez instructor de la causa del procés, que descartó juzgarla por malversación.

Aragonès asegura que mantendrá sus funciones en el Govern

El president del Govern, Pere Aragonès, mostró ayer su apoyo a Meritxell Serret y aseguró que la leridana continuará “con todas sus funciones” como consellera porque la sentencia “política” del TSJC no es firme. Además, subrayó que la condena demuestra que hay un “conflicto político abierto” entre Catalunya y el Estado, y defendió que votar “no puede ser delito”. “Ni lo fue en 2017 ni lo puede ser ahora”, remarcó.

Aragonès también aseveró que llevarán la “batalla jurídica” hasta los tribunales internacionales.También el expresident Carles Puigdemont tildó de “injusta” la condena a Serret, a quien trasladó “toda la solidaridad”. Además, arremetió contra los tribunales españoles: “Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca”.

En la misma línea se mostró el secretario general de Junts, Jordi Turull, que remarcó que el 1-O no fue un delito y, por lo tanto, “no merece ni un minuto de inhabilitación, prisión o exilio para nadie”. “En el Estado la política la marcan las togas y no las urnas”, lamentó. Por su parte, la CUP denunció que el Estado español “sigue amordazando a los cargos electos y aquellas personas que defendieron el derecho a la autodeterminación” en Catalunya.Entretanto, la viceprimera secretaria de Organización del PSC, Lluïsa Moret, trasladó su “apoyo personal” a la consellera, aunque manifestó que “las decisiones judiciales y las sentencias de los tribunales se tienen que cumplir”.

Cs pidió la dimisión o el cese de Serret y Vox celebró que la condena supone “una delincuente menos en la política”.

“Plantaré cara a la represión y me defenderé hasta donde haga falta”

Meritxell Serret avanzó ayer que recurrirá la sentencia del TJSC y afirmó que se seguirá defendiendo “hasta donde sea haga falta”. “Seguiremos confrontando al Estado y el sistema judicial.

También denunciando la persecución contra el independentismo. Seguiremos plantando cara a la represión”, subrayó en un comunicado, en el que reiteró su “convencimiento” de que el 1-O no fue “ningún delito”, sino una “expresión democrática masiva” que respondía al mandato de una mayoría parlamentaria.También afirmó que “no pararemos hasta conseguir una solución política y democrática” al conflicto político y “la plena libertad de todos los represaliados y exiliados”.