SUCESOS INVESTIGACIÓN
La mina de Súria reconoce errores en la tragedia
Pero los desliga del accidente mortal de marzo, que define como “imprevisible” || CCOO critica la gestión de la firma propietaria
La empresa ICL Iberia, propietaria de la mina de Súria en la que tres geólogos murieron en marzo tras quedar atrapados en un desprendimiento en una galería subterránea a unos 650 metros de profundidad, ha admitido en un informe interno que hubo un “error de comunicación” en la cadena de trabajadores. Concretamente, el consejero delegado de la firma, Patricio Chacana, explicó el martes que los empleados del turno de noche habían advertido de una incidencia en el techo de una zona cercana, aunque esta información no llegó a los tres fallecidos, que tenían 28, 29 y 31 años. Sin embargo, la empresa ha desvinculado este error del siniestro y ha concluido que este fue “imprevisible”.
Además, Chacana afirmó el martes que “eran personas experimentadas con formaciones superiores y no había ninguna señal que la pared del techo, en el punto del desprendimiento, fuera inestable”. “No se trata de un elemento causal, pero es un punto a mejorar. Se cortó la cadena de comunicación”, apuntó, antes de explicar que la labor de los tres geólogos era precisamente la de analizar zonas inestables.Por otra parte, Chacana dijo que “hay que seguir trabajando en la investigación e implantación de tecnología para reducir el riesgo para las personas”.
Entretanto, el secretario general de CCOO de Industria de Catalunya, José Antonio Hernández, se mostró crítico con el informe de ICL y aseguró que “no se puede considerar imprevisible que se desprenda un trozo del techo”. No obstante, aseguró que “sí consideramos relevante que hubiera un advertimiento sobre la situación del techo a solo 8 metros de distancia del accidente”. La tragedia ocurrió el 9 de marzo sobre las 07.35 horas, al desprenderse parte de una galería de la mina a unos 650 metros bajo tierra.
Uno de los fallecidos había iniciado recientemente unas prácticas, mientras que otro tenía contrato laboral con la empresa. La tercera víctima era doctorando de la facultad de Ciencias de la Tierra de la Universitat de Barcelona.