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La Generalitat cesa a la directora de Función Pública tras el caos de las oposiciones

La culpan de no haber supervisado las labores “catastróficas” de la empresa encargada de la logística|| Los servicios jurídicos estudian la rescisión del contrato, ya que está en vigor hasta el año 2024

Las más de 1.600 personas que opositaron en Lleida denunciaron el caos que se vivió por los retrasos y los errores.

Las más de 1.600 personas que opositaron en Lleida denunciaron el caos que se vivió por los retrasos y los errores.GERARD HOYAS

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La Generalitat optó ayer por destituir a la directora general de la Función Pública, Marta Martorell, como responsable máxima del caos registrado en las oposiciones de interinos que se celebraron el pasado sábado, donde se produjeron graves anomalías, y nombró como sustituta a Anna Maria Molina, funcionaria del cuerpo general de gestión desde 2005. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, afirmó que Martorell presentó una carta de renuncia donde asume las consecuencias del mal funcionamiento de las pruebas. La portavoz también pidió perdón a los afectados y reconoció que las “graves incidencias” producidas durante las pruebas provocaron que una parte de los exámenes no se pudieran “desarrollar con normalidad”.

En este sentido, afirmó que la empresa encargada de la gestión logística de las pruebas, Cegos, “no lo hizo como tocaba”, pero también afirmó que una parte de responsabilidad corresponde a Función Pública, que no llevó a cabo el control y la supervisión de cómo se llegaba a estas pruebas de manera efectiva. En cuanto a los servicios “catastróficos” prestados por la empresa adjudicataria, la portavoz informó que la Generalitat ha encargado a sus servicios jurídicos un informe para rescindir el contrato que tiene con ella hasta el año 2024. Cegos tenía asignada la coordinación de otros procesos selectivos, pero el Govern aseguró que “no permitirá” que vuelva a asumir estas funciones.

“No permitirá que vuelva a asumir unas funciones para las que ha quedado sobradamente demostrado que no puede llevar a cabo con la rigurosidad y profesionalidad requerida”, argumentó Plaja, que añadió que con este informe, el Govern quiere que la empresa “asuma las consecuencias” y que no rehúya responsabilidades.El Executu tenía previsto abonar a la adjudicataria 1,4 millones de euros por el coste de organizar esta y otras dos macrooposiciones más este año, pero la empresa, explicó Plajà, “ha tenido la decencia de no presentar ninguna factura”. Entre las funciones que se externalizaron a esta compañía se encontraban la impresión de los cuadernillos de las pruebas o el transporte de las cajas. La compañía, con sede en Madrid, subcontrató personal a través de la ETT Randstad para realizar la vigilancia y coordinación de las pruebas.Con respecto a la afectación que una eventual rescisión del contrato afecte al calendario de futuras pruebas, aseguró que todas aquellas que no estén relacionadas con las de este fin de semana “no se aplazarán”.

En cuanto a las celebradas el sábado, la Generalitat está recogiendo toda la información necesaria para estudiar las incidencias que ha habido y, a partir de ahí, tomar decisiones respecto a una nueva convocatoria” y sobre quién, cuándo y cómo repetirán el proceso selectivo. Para ello, se ha habilitado un espacio web para recopilar las incidencias del concurso oposición a través de un formulario, que estará a disposición de los afectados hasta el viernes 5 de mayo.Ante la lluvia de críticas por parte de todos los grupos parlamentarios, sindicatos y otros actores sociales (ver desglose), Plaja anunció que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, comparecerá próximamente a petición propia en el Parlament para informar sobre lo ocurrido, pero que no tiene intención de presentar su dimisión por estos hechos. Las organizaciones denunciantes aseguran que muchos aspirantes estaban sentados sin separación y con el mismo modelo de examen, que faltaban fotocopias de las pruebas, personal experto e incluso mobiliario.

Los grupos parlamentarios reclaman explicaciones y el cese de VilagràLa lluvia de críticas al Govern por el caos registrado en las oposiciones en las que debía examinarse un total de 13.581 personas con el objetivo de pasar de interino a funcionario y cubrir 1.825 plazas, no ha cesado desde el sábado, y provienen de partidos y organizaciones de todas las índoles. La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, calificó ayer de “tomadura de pelo” la decisión de cesar a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, por las incidencias y exigió explicaciones a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. A su juicio, el Govern debe asumir “responsabilidades políticas de alto nivel” porque “se ha puesto en cuestión la reputación de la Generalitat”.Por su parte, la portavoz del PSC, Alícia Romero, opinó que Martorell ha sido una “cabeza de turco” porque “estaba nombrada desde enero y el proceso para preparar las oposiciones se hizo en 2022, ella no estaba, es un dato objetivo”.

En este sentido instó a Vilagrà a “dar la cara” y comparecer en el Parlament. También los reproches de la CUP respecto a este tema fueron dirigidos a la consellera, a la que pidió “rectificar o largarse”. A su parecer, “el caos es solo la punta del iceberg” de un proceso de estabilización con que el Govern no ha garantizado plaza a todos los interinos.

Asimismo, las derechas también pidieron el cese de Vilagrà por el incidente. La consellera se reunió ayer con los sindicatos para abordar las incidencias durante las oposiciones de estabilización, después de que UGT, CCOO y Iac-Catac, después de sus denuncia ante los errores, las cancelaciones y las irregularidades en las pruebas.

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