El Supremo rechaza devolver su escaño de forma cautelar a Borràs

El Tribunal Supremo rechazó ayer la suspensión cautelarísima solicitada por la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le retiró el escaño tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La líder de Junts pidió medidas cautelarísimas ante el Alto Tribunal contra la resolución del órgano electoral, que el pasado 3 de mayo dejó sin efecto su credencial como diputada tras considerar que concurría causa de inelegibilidad sobrevenida tras su condena.Sin embargo, el Supremo señaló ayer que el escrito de Borràs no ofrece “ningún argumento” para justificar la urgencia que requiere una suspensión cautelarísima sin oír, en este caso, a la JEC. En el mismo auto, la sala acuerda incoar un incidente cautelar ordinario, concediendo al órgano electoral y a la Fiscalía un plazo que finalizará el viernes para que presenten alegaciones.

Con respecto al recurso planteado por el Parlament contra el mismo acuerdo, en el que no se pedía la suspensión cautelarísima, sino la cautelar ordinaria, el Supremo ha dado 10 días a la JEC para que presente alegaciones antes de decidir.Por otra parte, la Cámara ha pedido al Alto Tribunal que no retire el escaño a Borràs porque sería “irreversible”. Se trata del principal argumento empleado por el Parlament, que en su escrito jurídico reclama como medida cautelar que se suspenda la decisión de la JEC mientras en tribunal no tome una decisión. Además, alega que la pérdida de la credencial de Borràs y su eventual sustitución también le afecta, por lo que la decisión del órgano electoral “ha invadido su esfera de autonomía”.

En este sentido, el Parlament argumenta que no existen motivos para considerar que suspender la decisión de la JEC “perturbe gravemente ningún interés general ni de terceros, ni cause ningún otro tipo de perjuicio”. Borràs presentó sus alegaciones ante la JEC el 28 de abril. Dijo que el órgano no tiene competencias para retirarle el acta de diputada y que dejarla sin escaño supondría una vulneración de sus derechos fundamentales.