JUSTICIA CÓDIGO PENAL
El TC revisará la derogación del delito de sedición
Admite un recurso del PP, que ve errores de procedimiento en la reforma del Código Penal||Impulsada por Moncloa junto a ERC
El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación impulsada por el Gobierno español y pactada con ERC en noviembre. El Pleno admitió así estudiar los argumentos esbozados por los populares, que habían alegado que la ley por la que se reformó el Código Penal podría ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación y en la redacción de varios de sus artículos. La derogación de la sedición y la reforma de la malversación ha supuesto un alivio de las penas de algunos condenados por el procés.
Concretamente, con la reforma del Código Penal, se ha reducido a 4 años de prisión el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro personal. Además, tras la derogación de la sedición, se ha reescrito el delito de desórdenes públicos agravados –con una pena máxima de 5 años frente a los 15 anteriores–.El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, avanzó el lunes que su formación registrará una propuesta en el Congreso para recuperar el delito de sedición y tipificar de nuevo el referéndum ilegal. También acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de reformar el Código Penal para mantener el apoyo de los partidos independentistas.
En la misma línea se mostró ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exigió al jefe del Ejecutivo que endurezca las penas de la malversación antes de asumir la presidencia de la UE el 1 de julio. El tribunal de garantías ya admitió a trámite en marzo un recurso presentado por Vox contra la derogación de la sedición. El grupo de ultraderecha alegó que la supresión de este delito suponía un riesgo para la unidad territorial de España porque privaba a los tribunales de instrumentos para su defensa.
Por otra parte, el TC también admitió ayer a trámite los recursos presentados por la Asamblea de Madrid y el Gobierno murciano contra uno de los artículos de la ley del impuesto a grandes fortunas.