La Generalitat expropiará hasta 70 pisos de grandes tenedores vacíos para alquiler social

La Generalitat aprobó ayer iniciar el proceso de expropiación de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores en 14 municipios declarados como área de fuerte demanda de vivienda, entre ellos ninguno de la provincia de Lleida, para destinarlos a alquiler social. Se trata de domicilios que lleven desocupados al menos dos años, pertenezcan a propietarios que cuenten con más de 15 viviendas y que figuren en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante (RHBO) del Executiu, en el cual hay contabilizados 31.918 pisos a día de hoy en toda Catalunya. En una primera fase, se actuará en Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Figueres, Lloret de Mar, Salt (Girona), Reus, Roda de Berà, Tarragona y Valls (Tarragona), donde se han identificado 189 viviendas vacías.

De estas, el Govern prevé poder comprar entre 50 y 70, según el precio de expropiación, con una “hucha inicial” de 5 millones de euros. Los próximos días se enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios de las viviendas acrediten legalmente la residencia de personas en las mismas y, si no lo hacen en el plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación.El Govern contactó con 45 ayuntamientos de toda Catalunya en los que existe una “demanda fuerte y acreditada” de vivienda y hay familias en lista de espera de la Mesa de emergencia para conseguir un piso. De todos ellos 14 solicitaron participar en la iniciativa.

Según fuentes cercanas al proceso, ningún municipio del llano de Lleida ni el Pirineu, así como de les Terres de l’Ebre, podían optar a participar en esta primera fase de la iniciativa al no contar con zonas de alta demanda residencial acreditada. La previsión es que en unos seis o siete meses, es decir para el año que viene, los pisos expropiados puedan pasar a manos del Institut Català del Sòl (Incasòl) y ponerse a disposición de las personas vulnerables que los necesitan. El alquiler, por su parte, lo gestionará la Agència de l’Habitatge de Catalunya

Podemos y los apoyos de Sánchez critican el plan al considerar que aumentará los precios de la vivienda

El Gobierno español dio ayer luz verde, pese al rotundo rechazo de sus socio de gobierno, a una línea de avales del ICO que cubra hasta el 20 por ciento del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, así como a financiar unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de fondos europeos.

La ministras de Transporte, Raquel Sánchez, explicó que los avales para financiar la entrada de una hipoteca están dirigidos a los “jóvenes y familias con deseo de comprar vivienda, que tienen solvencia y capacidad financiera para ello, pero que no disponen del ahorro para pagar la entrada que les solicita la entidad bancaria”. Con la nueva línea, será el ICO el que avalará esa parte que piden los bancos, que es el 20%, aunque puede llegar al 25 por ciento si la vivienda tiene una calificación energética de D.Estos avales no tendrán coste para los beneficiarios y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable dos años más. Los solicitantes deberán tener ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem– 37.800 euros brutos al año– o el doble si se trata de una pareja.

En el caso de que tengan menores a cargo, se incrementará un 0,3% por cada hijo y un 70% más el límite de ingresos en familias monoparentales.Los principales socios de Sánchez en el Congreso, ERC y Bildu, y su aliado de Gobierno de coalición, Podemos, rechazaron los nuevos avales, ya que consideran que suponen fomentar una nueva burbuja inmobiliaria, y que la misma podría “provocar una subida de los precios”.