EUROPA BALANCE
El Consejo de Europa critica la crisis de vivienda española
Celebra la derogación del delito de sedición y reclama despenalizar los insultos a la Corona || Destaca las deficiencias en la sanidad
España sufre “una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones”, según alertó ayer el Consejo de Europa, que constata que hay “una necesidad urgente” de más vivienda social y accesible.La falta de vivienda social se ha agravado con la decisión de algunos gobiernos de permitir que fondos de inversión compraran viviendas, y que derivó en subida de los alquileres, señala el informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, tras la visita que realizó a España el pasado noviembre. Además, la subida de precios de la vivienda en propiedad “supera con mucho” al incremento del poder adquisitivo, añade Mijatovic en el documento, en el que subraya la “preocupante” escasez de vivienda social debido a años de débil inversión pública. Asimismo, señaló la “insuficiente” financiación de la atención primaria de salud en España, que se traduce también en escasez de personal médico que tiene “preocupantes” condiciones de trabajo.Por otra parte, Mijatovic se felicitó de la supresión del delito de sedición en el Código Penal español.
Además, reclamó que se lleven a cabo enmiendas adicionales que permitan una mejor salvaguardia de la libertad de expresión en lo relativo a los insultos a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros.En su misiva, también pide a las autoridades españolas que restringieran “la aplicación de disposiciones sobre discurso de odio a casos prohibidos por el Derecho Internacional de Derechos Humanos y para despenalizar la difamación y el delito de ‘insultos a sentimientos religiosos’ dado su posible efecto en la libertad de expresión”.
El Consejo de Europa pide a España despenalizar la difamación y los insultos religiosos
Asimismo, el Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.