La ONU dice que España violó los derechos de Puigdemont al suspenderle como diputado

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó ayer que España vulneró los derechos políticos del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al suspenderlo como diputado del Parlament cuando fue procesado por rebelión, antes de que fuera condenado. Así se pronunció cinco años después de que el exlíder de Junts denunciara el veto del Tribunal Constitucional de ser investido a distancia en enero de 2018 y su posterior suspensión como diputado, que llegó medio año después. Concretamente, el comité valora que su suspensión del cargo “previa a una condena” vulnera el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer “en condiciones de igualdad” las funciones públicas de su país.

Además, considera que esta medida no fue tomada “por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos”. En este sentido, censura que el Estado no justificó suficientemente por qué Puigdemont no podía ejercer como diputado tras su imputación. En cambio, con respecto al impedimento de la investidura a distancia, Naciones Unidas argumenta que el expresident, incluso desde el exilio, “pudo ejercer derechos políticos”.

Por ello considera que el hecho de impedirle la investidura telemática no supone una vulneración de sus derechos. Se trata de la primera vez que el Comité de Derechos de la ONU se refiere a la situación de un exiliado con motivo del procés, dado que hasta ahora solo lo había hecho en el caso de los líderes independentistas que estuvieron presos.El comité ha ordenado al Estado “adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro” y le ha dado un plazo de 180 días para que informe sobre las medidas que ha tomado para aplicar el dictamen.Por otra parte, el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, anunció que su formación ha pedido la comparecencia del presidente español, Pedro Español, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que den explicaciones sobre la “gravedad” de la resolución de Naciones Unidas. “Es una vulneración de los derechos democráticos más básicos”, censuró.

Suiza se negó a ayudar al Estado en la causa contra el Tsunami DemocràticLas autoridades judiciales suizas rechazaron colaborar con las españolas para investigar el Tsunami Democràtic al considerar que se trataba de una causa política y no relacionada con el terrorismo, como pretendía la Audiencia Nacional. Así se desprende de la respuesta que dio el país helvético al Juzgado Central de Instrucción número 6 en marzo de 2020, incluida en el sumario sobre este caso. Suiza recordó que su legislación dice que una solicitud de asistencia es “inadmisible” si se trata de un acto que cuenta con un “carácter político preponderante”.

En este sentido, descartó la acusación de organización criminal, al entender que la plataforma de movilización civil no pretendía cometer asesinatos ni ganar dinero ilegalmente. Tampoco aceptó la acusación de financiación del terrorismo, ya que no ve en los actos de Tsunami Democrático actos de violencia criminal que pretendieran intimidar la población u obligar al Estado a realizar determinados actos. Por otra parte, EEUU pidió a principios de 2020 y 2021 a la justicia española más información sobre los supuestos vínculos entre los investigados y las protestas.

Canadá alegó que no puede proporcionar información sobre páginas web solicitada por la justicia española porque los servidores son de una empresa con sede en Suecia. En el sumario del caso figura un informe de la Guardia Civil remitido al juez instructor en el que se detallaba el papel de los supuestos dirigentes del movimiento. En la cúpula figuran el exconseller de ERC Xavier Vendrell, los empresarios Josep Campmajó y Oriol Soler, y el exdirector de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, entre otros.

El exlíder de Junts dice que aún no puede ejercer “con toda libertad”El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, aseguró ayer que se sigue vulnerando sus derechos políticos, e instó al Estado a eliminar “todos los obstáculos” que impiden que él y el exconseller Toni Comín puedan ejercer “con toda libertad” como eurodiputados. También afirmó que, con este dictamen, Naciones Unidas ha advertido al Estado de que ha vulnerado “la esencia del gobierno democrático”. “Es el momento de que España tome decisiones.

Han venido otras condenas contra España y creo que vendrán más. Y España no hace nada. Hace algunos maquillajes, pero el núcleo duro que permite que se sigan violando derechos políticos se mantiene intacto”, dijo.

Puigdemont afirmó que es “la primera vez que Naciones Unidas sale en defensa de los derechos políticos de una persona que está en el exilio”. También recordó que España asumirá en breve la presidencia del Consejo de la UE, con lo que este dictamen supondrá “otra mancha en el expediente del Estado”.