Estrasburgo estudiará las demandas de Turull y Sànchez contra España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ocn sede en Estrasburgo, estudiará las demandas presentadas por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el que fuera presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) , Jordi Sànchez, presentada en 2020 contra España por vulnerar sus derechos políticos tras el 1-O. En concreto, Sànchez denunció que las autoridades españolas vulneraron sus derechos hasta en cinco ocasiones: por prohibirle participar en la campaña electoral de diciembre de 2017; en la actividad ordinaria del Parlament, pese a haber sido elegido como diputado en las citadas elecciones; en los plenos de investidura como candidato a la presidencia del Covern de la Generalitat del 12 de marzo y el 13 de abril de 2018; y por suspender sus funciones como diputado autonómico. Por su parte, Turull denunció que, siendo diputado en el Parlament y estando en libertad bajo fianza, “sin que hubiera ocurrido hecho relevante alguno”, fue enviado a prisión provisional por el Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2018, “en mitad del debate de investidura como candidato a la Presidencia” del Govern.

También denunció que el Tribunal Constitucional tardara casi dos años en resolver el recurso de amparo presentado contra dicha resolución –que fue desestimado–. Además, amplió la demanda original para poner en conocimiento del TEDH que dos de los magistrados implicados en esa decisión, Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, posteriormente se abstuvieron de otros pronunciamientos relativos al procés tras ser recusados por la defensa del expresident Carles Puigdemont por falta de imparcialidad.Para su defensa, esta decisión judicial “formó parte de una actuación coordinada de los poderes públicos españoles a fin de que un diputado independentista procesado no pudiera acceder a la Presidencia de Catalunya, pues, en virtud de dicha prisión provisional, el demandante tuvo que renunciar a su candidatura y se vio privado del ejercicio de sus derechos como parlamentario”.El TEDH también ha requerido al Gobierno español que conteste a una serie de preguntas relativas a la causa, y haga las alegaciones que considere oportunas, fijando como fecha límite para ello el próximo 1 de septiembre. En el caso de Turull, Estrasburgo cuestiona al Estado si la “restricción” a acudir a la investidura violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos y también sobre la “falta de imparcialidad” de los magistrados del Constitucional.

En el caso de Sànchez, el TEDH también pregunta al sobre la “limitación” para participar en la campaña de 2017 o para asistir al Parlament de forma “regular”.Ambos celebraron ayer la decisión del Tribunal Europeo de admitir a trámite su demanda. “Combatiremos este activismo político judicial de Estado contra el independentismo donde haga falta”, apuntó Turull. Mientras Sànchez defendió que el hecho de que el TEDH vaya a examinar su caso es “un paso muy importante que obligará a España a explicarse ante el TEDH antes del próximo 1-O”.

También Carles Puigdemont comentó que la decisión pone “en evidencia los riesgos sistémicos de España”.