Estas son las normas que no no saldrán adelante por el adelanto electoral

La convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 23 de julio, tendrá como consecuencia la disolución de las Cortes y, por tanto, que leyes como la de Familias, Servicios Sociales, Trata o Proxenetismo, no vayan a poder seguir siendo tramitadas.

La Ley de Familias, que fue aprobada definitivamente en Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo, recoge entre otras medidas el reconocimiento de la diversidad de las situaciones familiares así como nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes. La norma, que era una de las apuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, creaba tres permisos de cuidados: uno por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; otro de ocho semanas, para disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años, y otro de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata. Asimismo, ampliaba la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los 3 años, una extensión que incluía a todas las madres que estuvieran percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, cotizasen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, reconocía el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia. 

Desde el verano pasado se estaba tramitando en el Congreso la conocida como 'ley Darias', por la exministra de Sanidad Carolina Darias, que apuntaba a la consolidación de la "equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud". En concreto, la norma establecía que las comunidades autónomas deberían acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio, entre otras medidas.

El Gobierno no podrá culminar tampoco la tramitación de la Ley de Trata impulsada por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta en noviembre de 2022. Este texto recoge medidas y reformas en el Código Penal para abordar, según explicó la ministra del ramo, Pilar Llop, "de manera integral todas las formas de explotación", incluida la laboral e incidir "en la desincentivación de la demanda" para "desarticular" las redes de explotación. 

El pasado martes el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la ley de paridad que pretendía garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de decisión. La iniciativa, anunciada por Sánchez a las puertas del último 8 de marzo, tampoco podrá ser tramitada. 

El plan Justicia 2030 que buscaba un "cambio organizativo" en el sistema para que fuera más eficiente  estaba recogido en tres leyes: la ley de eficiencia digital, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, que estaban en tramitación. 

Otras iniciativas que decaen tras la convocatoria de elecciones son la Ley de desperdicio alimentario, la norma de Unidas Podemos sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española o para la mejora las condiciones laborales de las empleadas del hogar, que también se encontraba en periodo de enmiendas.

También quedan en el aire la ley de enseñanzas artísticas, la ley del cine y la cultura audiovisual, la ley de desperdicio alimentario o la ley de movilidad sostenible.

Por otra parte, este jueves estaba previsto adoptar medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

Junto a estas iniciativas, decaen otras propuestas de ley que habían sido registradas en el Congreso y ni siquiera habían llegado a ser debatidas en el Pleno para su toma en consideración, como las leyes de Ciudadanos para legalizar la gestación subrogada, para recuperar la asignación por hijo a cargo, o la norma para priorizar la custodia compartida en caso de divorcio. Tampoco se ha llegado a tomar en consideración en esta legislatura la propuesta de Vox para modificar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Asimismo, la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la 'operación Cataluña' no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura.