El Govern movilizará 900.000 euros y 1.343 trabajadores para vigilar la repetición de las oposiciones fallidas

La Generalitat gastará 900.000 euros y movilizará 1.343 trabajadores para vigilar la repetición de las oposiciones fallidas de finales de abril, subcontratadas en la empresa Cegos el 29 de abril. La primera de las pruebas se hará el sábado 1 de julio con la convocatoria de agentes rurales, ejecución penal y laborales transversales donde concurrirán 3.648 aspirantes. Estos exámenes coincidirán con las pruebas extraordinarias de docentes. El sábado siguiente se completará la prueba con 9.886 aspirantes y 1.344 plazas en juego. Función Pública ha asegurado que ha habido un esfuerzo importante por preparar las pruebas y ha avisado de que controlará las entradas y salidas, el uso de móviles y decreta que sólo se podrá ocupar el 50% de las aulas.

El Gobierno dejó sin efecto las pruebas del concurso oposición de estabilización y acordó volver a hacerlas después de constatar "irregularidades graves durante la realización de los ejercicios" consecuencia de la falta de cumplimiento de la empresa subcontratada para supervisarlas, Cegos. Los aspirantes denunciaron retrasos generalizados, falta de exámenes, clases repletas, violaciones de anonimato y varias incidencias que provocaron la cancelación de alguno de los procesos in situ.

Formación y vigilancia

Después de recibir más de 4.000 formularios que denunciaban irregularidades, el Gobierno ha optado por organizar las pruebas exclusivamente con medios propios para controlar el proceso. "Hemos puesto todos los medios posibles de la dirección general de Función Pública, con 63 personas dedicados únicamente a esta operativa para poder desarrollarla con total seguridad y gracias al llamamiento a participar de más de 1.300 personas que nos ayudarán con tareas de vigilancia", ha asegurado la directora general de Función Pública, Alícia Corral, en un encuentro con periodistas.

Por otra parte, también se ha prohibido la entrada de acompañantes en los recintos. Para acceder a las aulas, los aspirantes tendrán que presentar el DNI o pasaporte. Los móviles y otros dispositivos electrónicos se tendrán que guardar en una bolsa antes de acceder al aula. Precisamente, la presencia de dispositivos móviles en las mesas fue una de las quejas más repetidas de los aspirantes a finales de abril. Los opositores podrán salir al lavabo de forma controlada, acompañadas y bajo supervisión.

En este sentido, Corral ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los aspirantes y ha prometido que "todo irá bien". "Está todo cubierto con profesionales de la administración que voluntariamente nos están ayudando. Han recibido una formación superexhaustiva con todas las posibles incidencias que nos podamos imaginar. Están preparados", ha insistido.

452 aulas por todo el territorio

Los coordinadores de edificio, de planta y de los ayudantes en los puntos de información de los aspirantes han tenido que ser personal fijo de la Generalitat que no podían presentarse a las oposiciones. Las sesiones de formación han consistido en la resolución de incidencias y los canales de comunicación y una visita a las sedes de forma presencial para poder orientar a los aspirantes.

En total, estarán 452 aulas reservadas los dos fines de semana en varios espacios como la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Económicas de la Universidad de Gerona, la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida. Preguntados por la diferencia entre las aulas ocupadas a finales de abril y ahora, fuentes de Presidencia han destacado que no hay diferencias importantes.

Efectivos de los Mossos d'Esquadra se encargarán de custodiar el traslado de las pruebas desde el distrito administrativo de la Zona Franca de Barcelona, donde se han preparado todo el material con hasta 300.000 impresiones, hasta las 23 sedes.

Indemnización en Cegos

Dos meses después de las oposiciones fallidas, la Generalitat todavía no ha contabilizado cuál será la indemnización que reclamará a Cegos, pero sí que ha calculado que será de como mínimo 2,1 millones de euros, resultados de la imputación de la responsabilidad patrimonial (1,2 millones) y del gasto extra para repetir las pruebas (900.000 euros). El total no está cerrado porque falta para cuantificar los daños a la institución. Corral ha insistido en que la empresa "no ha cobrado nada" del contrato de 1,4 millones de euros hasta el 2024 para organizar varios procesos.