UE POLÍTICA
Bruselas apremia por cuarta vez a la renovación del Poder Judicial
Alerta del efecto negativo que la limitación de sus funciones tiene en la Justicia y en especial en el Supremo|| Urge a desvincular los mandatos de Gobierno y Fiscalía
La fachada del Tribunal Supremo, que Bruselas alerta que tiene un 30% de sus puestos vacantes.
La Comisión Europea volvió ayer a darle un tirón de orejas a España e insistió en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la de separar los mandatos de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno, dos áreas en las que no ve ningún progreso tras efectuar recomendaciones idénticas en 2022. Estas son dos de las reclamaciones que recoge el capítulo sobre España del informe del Estado de derecho en la Unión Europea en 2023, que analiza los progresos del sistema judicial español en este curso que ahora culmina. En él recomienda que la renovación del órgano de gobierno de los jueces sea un “asunto prioritario” e, inmediatamente después, comience con el proceso para adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, “teniendo en cuenta los estándares europeos”.
Es el cuarto año consecutivo que la Comisión Europea alerta a España sobre este asunto en su informe anual del Estado de derecho y el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, había urgido en dos viajes a Madrid a que la renovación se culminase antes de que España asumiese la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante este segundo semestre de 2023.Los retrasos en la renovación, avisa Bruselas, “afectan negativamente” a la labor del sistema judicial en su conjunto y del Tribunal Supremo en particular, y es que este último tiene hasta un 30 por ciento de sus puestos vacantes debido a las competencias más limitadas de un CGPJ en funciones, lo que, a su criterio, “socava la eficiencia de la justicia y del Alto Tribunal”. Por ello, la Comisión se ofrece para mediar entre los partidos políticos para intentar cerrar un acuerdo. El organismo europeo tampoco percibe ningún progreso en el refuerzo del estatuto del Fiscal General del Estado, especialmente de cara a desvincular su mandato y el del Gobierno, ni en “los retos asociados a la duración de las investigaciones” para aumentar “la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel”.
En este sentido, denuncia que desde la primera alerta en 2022 no se ha tomado ningún tipo de medidas “para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa de la Fiscalía”.
