INVESTIGACIÓN DATOS
El juez archiva el caso del espionaje a Sánchez con Pegasus al no colaborar Israel
Dice que la revelación de secretos “ha puesto en jaque la propia seguridad del Estado” y que solo la “vía diplomática” puede desatascar la investigación || Su teléfono fue infectado cinco veces en 2020 y 2021,
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesion del Congreso.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación por el supuesto espionaje con el programa informático Pegasus del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detectado hasta en cinco ocasiones, así como el de tres ministros ante la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel. Unos hechos que han “puesto en jaque la propia seguridad del Estado”, según afirma el juez en su auto, donde lamenta “la frustración de la investigación” por la falta de colaboración de Israel, que ha impedido investigar quiénes fueron los autores, “abocándonos, de forma indefectible” al archivo provisional. Desde mayo de 2022 el juez ha investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez mediante el programa Pegasus, y también de los de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021.
Con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO Group, y la declaración como testigo de su máximo responsable. Para ello, a lo largo de estos meses, amplió la solicitud de cooperación jurídica y envió hasta dos recordatorios, sin éxito. La falta de respuesta de Israel lleva al juez a asumir que desde su juzgado “poco o nada puede hacer” para que la investigación avance, una situación que el Tribunal Supremo califica de “impotencia investigadora”.
En este sentido, Calama considera que “solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación”. “Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que cuenta el Gobierno”, señala.
El CNI tampoco logra determinar quién está detrás del espionaje
El análisis efectuado por el Centro Nacional Criptológico, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no ha permitido determinar quién estuvo detrás de estos supuestos espionajes.
Sí se sabe, según el auto, que para algunas de esas infecciones se utilizaba una cuenta de correo electrónico, de modo que el juez solicitó al CNI que averiguase quién era el usuario de la misma o quién estaba tras una serie de dominios que podían tener relación con el caso. En marzo de este año, el CNI informó de que no se había podido determinar quién era el usuario ni quién registró los dominios. Según explica el magistrado, el sofware espía Pegasus “permitiría en algunos casos infectar el dispositivo sin que su usuario realice ninguna acción previa ni sea consciente del compromiso posterior”.
Tiene capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo infectado o de realizar acciones como activar el micrófono, grabar llamadas, acceder al posicionamiento GPS o capturar las páginas web visionadas, entre muchas otras.
